Ciudad de México. El despojo de inmuebles en la demarcación territorial Benito Juárez se ha convertido en una operación muy bien diseñada, como si fuera el crimen organizado, donde participan actuarios, policías y civiles, y son los adultos mayores sus principales víctimas, denunció Guillermo Meixueiro, ex consejero de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Destacó que varios casos han sido documentados en las colonias Álamos, Del Valle y ahora Narvarte, donde sacan a los verdaderos dueños con diversos artilugios legales, después regularizan el predio y de repente nos hacen un edificio.

Todo esto, aseguró, “lo maneja el cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional; es la cosa nostra en su máxima expresión, lo que nos ha llevado a organizarnos como vecinos y mantenernos en comunicación por medio de las redes sociales para apoyarnos”.

El ex integrante del Consejo de Desarrollo Urbano de la Seduvi explicó que uno de los modus operandi que utiliza es la presentación de notificaciones con un nombre distinto al dueño, como sucedió el pasado lunes en la calle Palenque 35, colonia Narvarte Poniente.

En otro, supuestos inquilinos se hacen muy amigos de los dueños y los empiezan a convencer para que les cedan su propiedad, o ingresan al inmueble; en la mayoría de casos es gente de edad mayor la despojada.

Se trata, expuso, de casos muy graves que no podemos seguir tolerando, pues la autoridad puede verificar de manera inmediata quién es el dueño, si la propiedad está en juicio, si todo está en orden y actuar en consecuencia, pero se hace de la vista gorda.

Al contrario, los instan a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y Protección Urbana o en la coordinación territorial que toque para iniciar una indagatoria, lo cual les llevará mucho tiempo y dinero, cuando se trata de su casa.

Tal situación los lleva a buscar dónde quedarse, porque dentro de su propiedad se quedan cuatro o seis personas, con el rostro cubierto, acompañadas de un perro rottweiler para que no se atrevan a entrar; es un trabajo de despojo muy profesional.

Mientras, las autoridades se quedan al margen, con el argumento de que deben probar que son los propietarios del inmueble en cuestión, pues no pueden ser juez y parte, lo que ha favorecido los llamados despojos relámpagos, como en Álamos, donde grupos de personas ingresan a un inmueble y nadie los saca, señaló.