Ciudad de México. Al enfatizar que el Poder Judicial está secuestrado y al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la de cuello blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los sectores que de manera hipócrita se escandalizaron por sus afirmaciones de que había enviado las iniciativas de reformas porque había elecciones. Sostuvo que lo hizo porque es clara la necesidad de alcanzar la mayoría calificada para reformar la Constitución.

En su conferencia matutina, ratificó su vinculación al proceso electoral: Claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso. En la actualidad no es viable porque su movimiento no tiene esa mayoría requerida, tengo que decirlo, porque antes eran temas vedados, no se hablaba, qué les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo, mucho menos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó los alcances de la reforma para que esté legitimado y resuelva sus problemáticas con independencia, ajeno a intereses privados. En 2025 se renovará todo el Poder Judicial, incluidos los mil 633 jueces y magistrados; se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y la elección de los integrantes del Poder Judicial sin financiamiento público o privado ni participación de los partidos.

López Obrador resaltó la importancia de elegir a los integrantes del Poder Judicial que permita la incorporación de abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar. Reconoció que reformar al Poder Judicial será complejo porque arrastra problemas estructurales asociados a la formación de abogados en las universidades, la moralización de la vida pública, abandonar el afán de lucro, pero hay que comenzar.

En la presentación de la iniciativa, se explicó que se reducirá la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve ministros y la duración de su cargo de 15 a 12 años, además de cancelarse las pensiones vitalicias. Se desaparecerán las dos salas que actualmente operan de manera muy opaca en la resolución de conflictos para que todos los casos los resuelva el pleno.

Habrá una elección extraordinaria que se realizaría, en caso de aprobarse en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros; es decir, por esa ocasión en esa elección extraordinaria habría una votación integral de todo el Poder Judicial.

Se sustituirá el Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial por cinco magistrados electos por voto popular. Éste podrá amonestar, multar o remover a jueces y magistrados, en tanto que con los ministros podrán promover juicio político ante el Congreso.