De junio de 2021 a la fecha, más de 10 mil personas de la región frontera de Chiapas han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia generada por grupos del narcotráfico, que implica asesinatos, desapariciones, extorsiones, levantones, reclutamiento forzado y control en general de la zona, con “omisión y aquiescencia del Estado mexicano”, denunciaron organizaciones.

Ante este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a actuar “con urgencia y determinación” para garantizar los derechos de todas las personas.

En un informe en la materia, la Red Todos los Derechos para todas, todos y todes (Red TDT), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, entre otras, aseguraron que los grupos criminales de la delincuencia organizada se están disputando el territorio y en ello despliegan recursos propios de un conflicto armado.

Lo anterior se refleja en “enfrentamientos generalizados y recurrentes, uso de artefactos explosivos, de drones artillados, quema de vehículos y corte de circulación en carreteras”, sostuvo Carlos Ogaz, del Grupo de Trabajo Región Frontera.

En conferencia de prensa, señaló que ese contexto “somete a la población civil a un miedo constante y le impide llevar a cabo sus actividades cotidianas; es decir, existe un control muy duro de la población civil que se lleva a cabo bajo amenazas y violencia física directa, y se llega incluso a los extremos del reclutamiento forzado de jóvenes, sobre todo”.

Aseveró que la población “ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, también forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”.

Sandra Suaste, de la Red TDT, advirtió que lo que se vive en la región frontera, que abarca los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, “es una crisis humanitaria”.

En el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, se da cuenta de que entre junio del 2021 y diciembre del 2023 se documentó la desaparición de 183 personas.

Además, expone que el ambiente de las comunidades es de vigilancia permanente y desconfianza generalizada, “lo que tiene como consecuencia la fragmentación de los vínculos comunitarios”.

Las organizaciones, más de 300, apuntaron que un elemento clave del dominio territorial es el control de bienes y recursos naturales. En este sentido, señalaron que hay actividades extractivas a manos de las estructuras criminales en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno. También se controla el precio de los productos agrícolas.

Enfatizaron igualmente que en el caso de mujeres migrantes, han documentado la explotación sexual. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales”.

También, advirtieron que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles y hasta festividades recreativas.

Las organizaciones explicaron que si bien la presencia de estos grupos en el estado se remontan a las últimas décadas del siglo XX y se intensificó a partir de la llamada guerra contra el narco, que inició en 2006 con el ex presidente panista Felipe Calderón, el punto de inflexión que desata la disputa entre grupos criminales ocurrió el 7 de julio de 2021, después de las elecciones locales, cuando fue asesinado Gilberto Rivera “El Junior”, hijo del operador del cártel de Sinaloa, uno de los grupos que mantenía el control en el estado.

Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH, indicó que el informe es una oportunidad para reflexionar sobre la situación en la frontera y tomar medidas para abordar los desafíos que enfrentan las comunidades de la región. “Debemos actuar con urgencia y determinación para garantizar que se respetan y protegen los derechos de todas las personas”, subrayó.

“Es también un mensaje para las víctimas y sus familias de que nos importan, de que la violencia y las agresiones que han sufrido no quedan en el olvido y de que no están solas, sino que estamos acompañándolas en su camino por la justicia”, enfatizó.

A su vez Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentó que esta situación “crítica” siga sin ser atendida “y que no es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial”.

En este sentido, Suaste señaló que ya se abrieron mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la subsecretaría de derechos humanos. “Nos hemos sentado para intentar trazar una ruta de trabajo, hay indicios de que se podrá avanzar, son los primeros acercamientos”, dijo.