Bogotá. El gobierno de Colombia advirtió en tono airado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las FARC que el alto al fuego vigente con esas guerrillas “no es un permiso para la comisión de delitos contra la población civil”.

La notificación se produjo tras una secuencia de episodios protagonizados por los grupos irregulares en el departamento del Chocó, donde el ELN ordenó un paro armado, levantado en la noche del martes, que confinó a unas 30 mil personas durante tres dias, así como en el Valle y Nariño, donde las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC) ejecutaron acciones militares con saldo de varios civiles heridos.

El comisionado de paz, Otty Patiño, dijo que la fuerza publica actuará para prevenir y neutralizar este tipo de hechos y exhortó a las jefaturas insurgentes “para que sus frentes se comprometan con la transformación de los territorios agobiados por las inequidades y por la violencia”.

Patiño, ex guerrillero del M-19 como el presidente Gustavo Petro, calificó el paro armado del Chocó como una “deslealtad con los acuerdos conseguidos en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento”.

Según el comisionado de paz, en el municipio de Piamonte, al suroccidente del país, una estructura del EMC atacó un vehículo de transporte escolar causando heridas a dos personas, entre ellas un menor de edad “acto que viola los más elementales principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario”.

La advertencia gubernamental a las dos organizaciones rebeldes, con las cuales se realizan en la actualidad diálogos formales de paz, también se basó en noticias provenientes del sureño departamento de Nariño, frontera con Ecuador, donde una incursión armada de las disidencias de las FARC causó desplazamientos masivos de varias comunidades.

Horacio Duque, especialista en temas de paz, comentó a La Jornada que es el momento para que los mecanismos de verificación y veeduría creados por el gobierno y las dos insurgencias con las que se negocia la paz, actúen con premura para establecer las responsabilidades de lo ocurrido y poner en marcha los correctivos respectivos.

Según Duque, el ELN argumenta que el paro en el Chocó se realiza para llamar la atención sobre “acciones mancomunadas entre las fuerzas militares y grupos paramilitares conocidos como Los Urabeños en la región de los ríos San Juan y Baudó, al sur del Chocó”, lo cual ha sido negado por la cúpula militar y el gobierno.

Fuentes cercanas al EMC calificaron de “graves” las advertencias del comisionado de paz, realizadas antes de consultar a los mecanismos de verificación, y dijeron a La Jornada que estas declaraciones ponen en riesgo la continuidad del alto al fuego, cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de las comunidades reduciendo los índices de violencia en los territorios.

Sectores políticos de oposición expresaron que la notificación de Patiño a los irregulares es una prueba de la falta de su voluntad de paz y criticaron la estrategia de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.