Monterrey, Nuevo León. Finalmente, luego de ser emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Samuel García Sepúlveda, publicó el decreto con el que el Congreso le quita a la Tesorería estatal la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) para pasarla a la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyo encargado del despacho es Pedro Arce Jardón.

Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en la edición de ayer, pero subido a la web en los primeros minutos de este martes 13 de febrero.

Con las reformas, la UIFE pasa a ser una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que será la encargada de designar a su titular, quedando fuera del ámbito del Poder Ejecutivo del Estado.

El decreto establece un plazo de 60 días naturales para que el Fiscal General de Justicia, designe al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.

Además, da un plazo de 90 días naturales para que la Fiscalía General y la Tesorería estatal hagan las reformas necesarias para su reglamentación interna.

La UIFE, dependencia con atribuciones de fiscalización, ha sido una de las más polémicas en la actual Administración estatal, a la que se le ha acusado de ejercer presiones y amenazas a rivales políticos del Mandatario emecista, Samuel García Sepúlveda.

Ante esos señalamientos, los diputados locales del PRI y PAN, con mayoría en el Congreso, avalaron hace año y medio, sacar a la UIFE del organigrama de la Tesorería y que dependa de la Fiscalía, un órgano presuntamente autónomo, pero controlado por tricolores y albiazules.

El decreto publicado es el 196 aprobado desde el 15 de junio del 2022 y ante dos llamados de la Corte se concretó dos días antes de que venciera el plazo.

Esta decisión de la corte derivó de una controversia constitucional presentada por el Poder Legislativo, quienes acusaron la omisión del Estado de publicar la reforma en el Periódico Oficial, para que entrara en vigor.

La Administración estatal emecista, ya ha advertido que después de la publicación interpondrá de manera inmediata una controversia, alegando que se invaden las facultades del Ejecutivo.

La publicación del acuerdo se da, un día antes de que la Corte también resuelva las controversias por la designación del Fiscal General y la petición de juicio político en contra del Mandatario estatal.