Xalapa, Ver. Familiares de los cafetaleros acusados por su presunta responsabilidad en el incendio de una bodega de AMSA-ECO, ocurrido en el contexto de una protesta por los bajos precios del grano en enero del 2022, denunciaron que la Fiscalía de Veracruz se niega recibir las pruebas de su inocencia en este proceso.

En conferencia de prensa, señalaron la fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns recibió de la empresa comercializadora 30 testimonios falsos, 15 sin nombres, donde se señala de forma incoherente la responsabilidad de los cafetaleros en el incendio; pero en contraste, no ha querido aceptar las pruebas y testimonios que revelan que los cafetaleros acusados estaban en otro lugar en el momento del siniestro.

En conferencia de prensa desde Xalapa, señalaron que “la Fiscalía fue muy rápida para aceptar las pruebas fraudulentas de la empresa AMSA-ECOM, pero no recibe los testimonios de inocencia de los cafetaleros: ¿qué pretende la fiscalía? ¿No dar por válidas las pruebas de los acusados? ¿Dar un fallo a favor de AMSA? ¿Por qué actúa así la Fiscalía sin ningún respeto a la justicia?

Hace ocho meses, un juez ordenó la aprehensión de doce cafetaleros veracruzanos, a los cuales la empresa AMSA acusó del incendio registrado en sus bodegas el 24 de enero del 2022, en el contexto de una protesta de productores de café que se manifestaban contra los bajos precios del grano.

El 26 de mayo del 2023, cinco de los acusados fueron detenidos por la fiscalía, y debieron pasar cuatro meses en prisión antes de que el cambio en la medida cautelar les permitiera continuar su proceso en libertad. Mientras que los otros siete han debido refugiarse para no ser alcanzados por las órdenes de aprehensión.

Las familias de cafetaleros señalan que los acusados tienen pruebas y testimonios de que estaban en otros lugares y no cometieron el incendio, “esas pruebas llevarían a que se dé por concluido el juicio y se dé exoneración de los acusados”.

Para los cafetaleros es muy importante demostrar su inocencia, porque estos ocho meses de señalamientos en su contra han sido desgastantes para su familia, ya que además de los que estuvieron presos, hay otras personas que han debido salir de sus lugares de origen para refugiarse y no ser detenidos por las autoridades. Otros más, han debido pagar abogados, y gastar recursos en diligencias en los juzgados.

“Se le ha pedido audiencia al gobernador (Cuitláhuac García), y él nos remite con la fiscalía, que nos dice que nos podría responder el 9 de agosto, lo que es una burla para la urgencia del caso”.

Las familias de cafetaleros piden a la Fiscalía que trate con justicia el caso, “no debe ser un juego a capricho o intereses de funcionarios, debe ponerse un alto a las irregularidades, y dejarse los cotos de poder de funcionarios o empresas”.