Mexicali, BC. Al considerar que la diversidad es un valor que enriquece y fortalece a las instituciones públicas, la presidenta del Congreso de Baja California, Araceli Geraldo, destacó que la formación y capacitación en temas de inclusión y perspectiva de género es un paso crucial hacia un futuro más justo y representativo.

Este martes, se formalizó un Convenio de Colaboración para la Formación y Capacitación de las y los Servidores Públicos del Congreso local con la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del gobierno estatal.

Geraldo sostuvo que con este convenio se unen fuerzas para impulsar la inclusión en un entorno donde la diversidad ha sido desafiada y con ello se adentran en un terreno de jornadas nocturnas para iluminar las sombras de la ignorancia y la indiferencia con el resplandor de la educación y la conciencia, además que la capacitación será un "silencioso estruendo", una paradoja que se hará sentir fuerte "en la transformación de nuestras actitudes y prácticas”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, Michel Sánchez, señaló que el convenio antecede a la iniciativa de la ley Daryela que busca crear una estrategia estatal de capacitación, que incluye la construcción de temáticas y mapas curriculares ante el gran rezago en el trato de las personas servidoras públicas y los ejes fundamentales que conforman el Estado, "por ello invitamos al diálogo intergeneracional para eliminar las brechas de desigualdad”.

La titular de la Unidad de Igualdad de Género, Patricia Ochoa, indicó que por primera vez se realiza un acercamiento para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género hacia el Congreso y se trata de una disposición establecida en la Ley Orgánica para promover acciones hacia una política de igualdad.

La secretaria de Inclusión la Social e Igualdad de Género, Miriam Cano, dijo que se busca generar una transformación de fondo, generar medidas de nivelación para que exista igualdad de oportunidades y abrir el cono de visión a las personas trabajadoras del Poder Legislativo, dentro de las iniciativas y las políticas públicas para consolidar un estado incluyente.