Ciudad de México. Mañana martes se cumple un año de la publicación del decreto que a partir del primero de abril limitará el uso del glifosato en el país y aún no se ha encontrado un producto que iguale las características del herbicida en eficiencia, bajo costo, facilidad de manejo y seguridad, señaló la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC).
En un comunicado resaltó la necesidad de analizar nuevamente el decreto publicado el 13 de febrero del 2023 para no afectar a los trabajadores del campo, al señalar que el glifosato “es una herramienta necesaria para los productores y su prohibición se suma a otros factores, como la sequía, desaparición de programas de apoyo, que han venido impactando negativamente la producción de diversos cultivos y en forma muy importante, a la producción de maíz y otros granos”.
Advirtió que la prohibición del glifosato ocasionará grandes dificultades a los agricultores, reduciendo la productividad, aumentando los costos de producción y elevando los precios de los alimentos para la población en general.
Sumado a ello, el decreto podría incentivar el comercio ilegal del herbicida, por lo que sería necesario revisar la medida para evitar efectos adversos. Recordó que el glifosato es utilizado para eliminar malezas, y éstas pueden afectar hasta un 40 por ciento los cultivos en promedio.
Precisó que hasta el momento el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no ha presentado alternativas viables que sustituyan al glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo.
Recordó que hace tres meses la Unión Europea aprobó el herbicida para ser usado por una década más y la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA) señaló que “después de una revisión exhaustiva sobre el glifosato”, concluyó que “no existen riesgos preocupantes para la salud humana cuando el glifosato se utiliza de acuerdo con el etiquetado y no es un carcinógeno”.
Argumentó que los resultados de estas evaluaciones son consistentes con las revisiones científicas de otros países y agencias federales, incluidas la Agencia Reguladora de Manejo de Plagas del Ministerio de Salud de Canadá (PMRA), la Autoridad Australiana de Pesticidas y y Medicamentos Veterinarios (APVMA) y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR).
