Cada una de las 20 iniciativas de reformas a la Constitución presentadas por el presidente López Obrador –con el objetivo de “modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal”– merecen un análisis aparte. En términos de reforzar el papel del Estado en la economía nos podemos enfocar en las iniciativas 7 y 15; “No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos”, “recuperar concesiones de vías férreas para trenes de pasajeros” y “devolver a la CFE su carácter de empresa pública estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional”.
Sin embargo, para rescatar al país de ser un botín de empresas extractivas, energéticas, de transporte y otras durante el periodo neoliberal, se debería crear una iniciativa 21, consistente en auditar y derogar los capítulos de inversiones en tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones (Appri), también conocidos como tratados bilaterales de inversiones (TBI) que tiene México con otros países. Los objetivos de éstos son otorgar licencia a empresas trasnacionales para explotar y lucrar libres de condicionamientos sociales, ambientales y de derechos humanos (ver “Radiografia del poder transnacional en México”, http://tinyurl.com/5n7b8ykk).
En 2023, tras la reforma energética y la ley de minas, México recibió un alud de 10 demandas inversionista-Estado en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que se suman a 15 demandas pendientes por más de 11 mil millones de dólares (La Jornada, 28/8/23). Y ¡cuidado!, en el TLC con la Unión Europea se estipula, por ejemplo, que se deben “desarrollar acciones para promover las inversiones en este sector [minero]” (artículo 22-d: http://tinyurl. com/2p8kjr7m).
Ya se vislumbran más demandas contra México. El Ciadi registró en diciembre de 2023 una demanda de un fondo de pensiones públicas canadiense, Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), la cual es la primera demanda bajo el hipereufemísticamente llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (dejémoslo en Tratado Transpacífico o TPP), firmado en 2018 como parte del “legado fundamental del presidente Peña (http:// tinyurl.com/mrfcpxdj). CDPQ había adquirido activos para formar la empresa Tenedora de Energía Renovable Sol y Viento, y acusa que su inversión, de unos 675 millones de dólares, se vio afectada por la nueva ley de electricidad de México de 2021. Supuestamente se ha llegado a un arreglo (a saber cuál) y el caso se mantiene suspendido. ¿Un clásico ejemplo del ‘efecto congelador’ de políticas públicas?
Las empresas mineras canadienses Almaden Minerals y Almadex Minerals han presentado quejas a México, invocando también el Tratado Transpacífico (http://tinyurl.com/3xewstym). Y la minera canadiense Silver Bull Resources que demandó a México en 2023, ha anunciado la firma de un acuerdo con Bench Walker Advisors por 9.5 millones de dólares para financiar su demanda bajo la “cláusula de legado” del TLCAN, arguyendo que sus concesiones de plata, plomo y zinc en el proyecto Sierra Mojada, en Coahuila, están bloqueadas por comunidades locales sin que las autoridades mexicanas hagan algo (http:// tinyurl.com/yc7edsxs).
El que terceras partes financien, cada vez más, las demandas de empresas, para sacar una tajada de las probables compensaciones dictadas por el Ciadi, es una de las prácticas más criticadas del sistema de arreglos de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), confirmando cómo es un casino en el cual se especula para sacar ganancias a costa del erario. En cambio México, y gobiernos en todo el mundo, pagan sus propios costos legales desembolsando millones de dólares a firmas como Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Tereposki & DeRose; fondos que deberían de ser para el bienestar del pueblo (http://tinyurl.com/4ykx9dsu).
Las demandas seguirán. Como reportó La Jornada (21/12/23), la empresa china de extracción de litio Gangfeng Lithium Group ha amenazado a México con una demanda por su decisión de retirar concesiones mineras que había otorgado a sus filiales bajo el Proyecto de Litio Sonora, después de la emisión de la ley de nacionalización del litio. Gangfeng considera que estos cambios no debían aplicarse a concesiones preexistentes y su demanda sería bajo el TBI entre China y México, el cual incluye el recurso de arbitraje en el Ciadi (http://tinyurl.com/2desp29d).
Cadence Minerals Plc, minera con sede en Reino Unido, también ha presentado una “notificación de intención” de demandar a México, invocando el TBI entre México y Reino Unido, por la supuesta revocación de las concesiones mineras para el Proyecto de Litio Sonora, el cual, según la empresa, comprende nueve concesiones, siete de las cuales son explotadas por dos entidades locales –Mexilit y Megalit– en las que Cadence posee una participación de 30 por ciento. La participación restante en el proyecto es propiedad del grupo Ganfeng, citado arriba.
Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), México es ya el cuarto país más demandado del mundo bajo el sistema de demandas inversionista-Estado (ISDS), pero dadas las iniciativas de reformas constitucionales anunciadas por AMLO, podría pasar a ser el primero. Se le hereda al próximo gobierno la necesidad de enfrentar demandas por miles de millones de dólares y gastar millones más en su defensa. No hay soluciones sólo nacionales para salir del neoliberalismo. Se debe enfrentar el entramado de tratados con otros países que otorgan a las empresas trasnacionales las herramientas más poderosas para avasallarnos y limitar nuestra soberanía.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org
