El quehacer de un gobierno tiene, como es obvio, un sentido eminentemente político; es parte de su misma naturaleza. Esto se conjuga con un sentido social, diverso y potencialmente controvertido; tiene, además, un componente infaltable que es el ideológico, que se manifiesta con distinta claridad, firmeza y matices. Pero lo que un gobierno no puede eludir en sus funciones es el sentido eminentemente práctico; término definido en el diccionario como: pensar o actuar ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil. Ambos elementos de esta fórmula son necesarios, como bien puede comprenderse.

El gobierno ha aceptado de manera expresa que el amplio y diverso conjunto de iniciativas de reformas constitucionales que presentó recientemente a la Cámara de Diputados se vincula directamente con las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de junio. Su motivación específica es incidir en el ánimo de los ciudadanos que irían a votar y, así, apoyar el proyecto de nación que se ha impulsado durante este sexenio. He ahí, en su propósito electoral: un claro sentido político y de oportunismo.

En el conjunto de esas reformas se puede advertir, en particular; el sentido social de algunas de ellas e, igualmente, las preferencias predominantes en este sexenio; expresión de la pobreza y las desigualdades que hay en el país.

Lo que es debatible en el caso de ese grupo de las reformas que se han propuesto es, precisamente, su sentido práctico; es decir, las condiciones esenciales que las harían factibles y que han de ajustarse a la realidad, especialmente en lo que concierne a los recursos para financiarlas; sólo con ellos podrían alcanzar el fin útil que pretenden conseguir y suponiendo que las otras consideraciones de su ejecución se cumplieran cabalmente.

De las 20 iniciativas que comprenden el paquete de reformas, un subconjunto depende ineludiblemente de la suficiente, creciente y permanente asignación de recursos presupuestales para pagarlas de modo sostenido; de otro modo serían inviables políticamente e inoperantes socialmente. El resto de las propuestas comprende distintos temas, muy diversos por su esencia y su relevancia e, incluso podría discutirse si tienen lugar en un documento del carácter legal de la Constitución Política del país.

El asunto de los recursos tiene, necesariamente, que hacerse explícito para considerar la viabilidad de las reformas. Ahí podrían tropezar ese grupo de propuestas. No me refiero aquí a su relevancia en términos sociales, o sea, en materia del mejoramiento del bienestar de la población; ese es otro asunto. Apunto específicamente a su posibilidad real de cumplimiento en cuanto a los recursos financieros que exigen su consecución. Estas tienen que ver con: a) pensiones: las contributivas y las que no lo son, b) becas, c) atención universal de la salud, d) acceso a la vivienda propia, e) la educación y el empleo, f) un jornal “seguro, justo y permanente para los campesinos. (Las iniciativas de reformas pueden consultarse al detalle en: https://bit.ly/3wnndow).

Las iniciativas están fundamentadas en los derechos vigentes, en una voluntad de hacerlos efectivos y en un compromiso de que el fondeo sea suficiente, progresivo y duradero. Esto último no está sustentado hoy más que de modo muy general y con consideraciones altamente contingentes. Se aprovecha, también, la oportunidad para la cancelación de algunos de los organismos autónomos que tanto incomodan a esta administración y sobre lo cual hay un amplio desacuerdo en la sociedad; además de que su presupuesto no puede ser un argumento económico suficiente.

Las cuentas, hoy, no cuadran y la magnitud de los fondos requeridos no puede dejarse a una expectativa fiscal y financiera incierta. En algunos casos se señalan fuentes potenciales de recursos para financiar el gasto correspondiente, pero no hay un señalamiento presupuestario que apunte siquiera a dónde saldrán los fondos de modo efectivo, bastante y durante un largo plazo; no lo hay ni en lo inmediato, ni tampoco en el futuro para que sean sostenibles. El entorno hoy, como se sabe, es el de un deterioro de las finanzas públicas, que no se resolverá a corto, ni quizás, al mediano plazo. El peso de las pensiones en el presupuesto es muy grande, la propuesta al respecto en el caso del sistema contributivo está matizada de entrada; el sistema educativo requiere de muchos más fondos de los que hoy se le asignan; la capacidad de crear el acceso universal a la salud exige de una muy alta inversión, de personal diverso y bien capacitado, de organización y de tiempo para establecerlo de modo funcional; tales sistemas son cada vez más costosos como puede verse en el caso del Reino Unido o de Cataluña, que están en crisis.

No se advierte que haya habido participación alguna, aunque fuese sucinta, de los órganos presupuestarios del Estado, empezando por la Secretaría de Hacienda e incluyendo al Congreso, en la manera como se plantea, por ejemplo, en el documento del ciclo presupuestario existente para determinar las fuentes de ingresos y los usos del gasto de los recursos públicos (Véase como referencia el documento ilustrativo en https://bit.ly/49qLfxa).

Una cuestión que habría que prevenir acerca de este grupo de reformas sociales es que, dependen inherentemente para su ejecución de los recursos financieros necesarios y por un tiempo indefinido; si no los hubiera, no sólo se comprometería su cumplimiento, asunto de clara relevancia, sino que se llegaría a una cuestión contradictoria que implicaría incumplir sistemáticamente con la ley.