La suspensión de los trabajos es un tramo de 300 metros lineales de la carretera que atraviesa un predio que en total tiene tres hectáreas y media, propiedad de una persona identificada como Juan Hernández Solís.

Tal como lo verificó La Jornada en un recorrido por el lugar junto con los representantes legales del propietario, en el tramo hay letreros de suspensión de la obra donde está anotado el número del amparo por el juez federal.

Según Julio Gálvez, del equipo de abogados de Juan Hernández el tramo era construido por dos empresas contratadas por la SICT: un primer segmento de 200 metros a cargo de la empresa Coconal y otro de cien metros correspondiente a Grupo Jaguar.

A un costado de ese tramo de vía hay una cuneta en construcción.

 

Afuera de esos tramos hay vehículos y maquinaria pesada de Coconal que de acuerdo a Gálvez "es metida a escondidas para continuar echando pavimento cuando no hay nadie vigilando para que no se metan, con lo cual violan el amparo".

En respuesta al amparo, la Delegación Hidalgo de la SICT emitió el pasado 22 de enero un comunicado en el que puntualizó que no se habían suspendido las labores en toda la obra sino según la dependencia federal "únicamente y de manera temporal se han suspendido los trabajos de excavación de una cuneta y un pozo para drenaje fluvial en el predio denominado Rancho San Manuel, ubicado en el municipio de Mineral del Monte, en el lindero oriente".

En el comunicado la SICT informó también que "se reconoce el derecho de cada particular a solicitar amparos". La dependencia reconoció que hay otros conflictos similares al decir que "a lo largo de los 10 kilómetros de la obra se han dado diversos requerimientos y han sido jurídicamente atendidos".

"El centro SICT Hidalgo ha destinado un presupuesto significativo en indemnización a todo aquel que de acuerdo con la ley sea agraviado en su derecho a propiedad. En el caso del Rancho San Manuel se encuentra en curso un recurso jurídico".

 

"Los representantes de SICT mienten ya que no sólo se han suspendido las labores en la cuneta ni el pozo sino en el tramo de 300 metros de la vía", dijo el abogado Julio Gálvez.

Explicó que al percatarse de que había un grupo de operarios en el lugar construyendo la vía sin su permiso, el dueño del predio en 2022 solicitó a la SICT que le pagarán la indemnización correspondiente.
Fue hasta marzo de 2023 en que la dependencia respondió que el predio ya supuestamente había sido pagado.

La indemnización de más de 18 millones de pesos le fue pagada a otra persona que de acuerdo a Gálvez no era propietaria del predio  de nombre José de Jesús L, quien vivía y tenía un polígono de tierra en otra parte del municipio y quien según sus vecinos, está "desaparecido".

El amparo indirecto 96/2024 fue otorgado a favor de  Juan Hernández Solís, quien de acuerdo al juez Fredy Francisco Aguilar Pérez "acreditó su interés suspensional con el instrumento notarial 20 mil 590 del 3 de agosto del año 2023 , pues como escritura aclaratoria se advierte que tiene el carácter de comprador del predio denominado “Rancho San Manuel”, actualmente" Rancho Nuevo”, ubicado en el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo" y en el cual se están haciendo los trabajos para construir la vía.

Juan Hernández también presentó un recibo de ingresos  expedido por el Municipio de Mineral del Monte a su nombre  "por concepto de derechos por alineamiento, deslinde, etcétera".

En la página tres de ocho del amparo, el juez Fredy Francisco Aguilar dejó en claro que "se concede la suspensión provisional al quejoso Juan Hernández Solís, para el sólo efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando trabajos de revestimiento de carpeta asfáltica en el predio denominado" Rancho San Manuel”, actualmente “Rancho Nuevo”, ubicado en el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, específicamente en el lindero Oriente".

El motivo de la suspensión de la obra es que según el amparo  Juan Hernández Solís dueño del predio donde se construye el tramo carretero resultó afectado sin haber sido indemnizado por medio de un decreto de expropiación.

Julio Gálvez, del equipo de abogados de Hernández Solís, en entrevista para La Jornada vía telefónica explicó que el dueño del terreno de aproximadamente hectáreas en ningún momento fue indemnizado por la SICT.

"Él señor no vive en el lugar. Un día acudió a Mineral del Monte a echar un vistazo a su terreno y se percató que había maquinaria y obreros haciendo trabajos de pavimentación de la obra la cual él asegura no autorizó".

Ante ello solicitó la protección de la justicia federal.

 
Bajo este contexto la mañana del 19 de enero Julio Gálvez, y otros abogados en representación de Juan Hernández Solís se presentaron en el terreno donde se hace el tramo carretero y notificaron a los encargados de la obra del amparo, pidiendo cesarán las labores en ese momento tras advertirles que de no hacerlo,incurrirán en un desacato a un ordenamiento federal.

 

El juez dio un plazo de 48 horas a las autoridades de la SICT a partir de la notificación del otorgamiento del amparo indirecto para que envíe al juzgado un informe dónde "podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y en su caso, si así lo estima pertinente, deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes".

Gálvez advirtió que en caso de que la SICT no llegue a acuerdos, pedirán a la justicia federal la suspensión definitiva de los trabajos en el tramo afectado.