En su libro ¡Gracias!, que esta semana saldrá a la venta bajo el sello Planeta, el presidente Andrés Manuel López anuncia que próximamente dará a conocer un último informe, amplio y con apego a la verdad, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el contexto del término de su sexenio.

No obstante, asegura: nunca cerraremos, por consigna política, este vergonzoso y lamentable caso, y siempre será un expediente abierto.

En el texto, el mandatario reflexiona sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 y días siguientes en Iguala, Guerrero; expone que la desaparición de los estudiantes se debió principalmente a la asociación delictuosa entre autoridades locales y grupos criminales de la región.

La desaparición de los jóvenes y el crimen de Iguala no fue ordenado por el presidente, ni por el secretario de la Defensa, ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamentalmente de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región, en un ambiente de autoritarismo irracional y extremo, pensando que podía darse un escarmiento a los jóvenes de Ayotzinapa sin que pasara nada, apunta.

López Obrador también señala que el desmoronamiento de la llamada verdad histórica, urdida en la pasada administración priísta, generó una secuela de complicaciones, y todo apunta a que la red de complicidades para encubrir lo sucedido en la llamada Noche de Iguala estaba incrustada hasta el centro de mando de las fiscalías General de la República y la especializada para el caso.

Indica que lo anterior quedó en evidencia cuando comenzó el proceso para solicitar las órdenes de aprehensión de diversos funcionarios, con base en el primer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) de agosto de 2022, que produjo una rebelión al interior de dichas instituciones.

Ello se hizo notorio, abunda, cuando empezaron a renunciar agentes del Ministerio Público y otros funcionarios; ante esta reacción sorpresiva e inesperada, surgió la hipótesis de que con esa decisión “estábamos alterando una confabulación que tenía muy campante al ex procurador (Murillo Karam –hoy preso–) y a otros ex funcionarios”.

En su obra, reconoce que los trámites de extradición de Tomás Zerón, prófugo en Israel y acusado de encabezar actos de tortura cuando se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal, no han tenido éxito porque al parecer, empresas de ese país que venden equipos de seguridad están protegiendo a su antiguo cliente y socios.

El titular del Ejecutivo también se refiere a los militares involucrados en los hechos de Iguala. Admite que pudo existir omisión o confabulación de algunos elementos castrenses, pero que algunos fueron detenidos aunque no se tenían pruebas suficiente contra ellos.

Pensando que no íbamos a proceder (en las órdenes de captura) para no tocar a los militares, se buscó reventar la instrucción incluyendo a más de los que indicaba el informe de la presidencia de la Covaj, y que finalmente también fueron detenidos.

En el libro publica documentos, conocidos por el trabajo de la Covaj, entre ellos transcripciones de comunicaciones entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y autoridades locales, así como la versión de un testigo, que respaldan el hecho de que esa banda delictiva tuvo en su poder a varios estudiantes y que presumiblemente algunos fueron llevados a una funeraria donde los habrían cremado.