El año pasado llegaron 63 mil millones de dólares por concepto de migradólares, es decir llegaron divisas a los bancos del país y tuvieron un fuerte impacto en la balanza de pagos.
En repetidas ocasiones, AMLO ha reconocido públicamente el aporte de los migrantes al país, aunque su política con respecto a la comunidad mexicana en el exterior ha sido mantener el statu quo de atención en los consulados, sin mayor cambio, propuesta o innovación.
Esos 63 mil millones se convierten en más de un billón de pesos, que llegan como remesas a las familias de los migrantes y tiene un impacto increíble en el consumo interno y en menor medida en el ahorro y la inversión.
En realidad, la terminología del Banco de México de calificar 63 mil millones de dólares como “remesas familiares” esconde su característica fundamental, que son divisas que entran al país, pero sobre todo a los bancos, en su mayoría extranjeros. Sabemos desde hace años en qué se utilizan las remesas: consumo, pago de renta, comida, servicios y pequeñas inversiones como un automóvil, un terreno, una casa. ¿Qué pasa, a dónde van los 63 mil millones de divisas de migradólares?
Para darnos una idea de la dimensión de este monto, podemos compararlo con el presupuesto de Ecuador, que para 2023 fue de 31 mil millones de dólares, en un país de 18 millones de personas, que viviría con la mitad de las remesas de los mexicanos.
Por otra parte, el investigador y especialista en remesas Juan José Li aclara que, de acuerdo con el Banco de México, la llegada importante de remesas desde Minnesota, donde hay pocos migrantes, se debe a que ahí está la cede central de una compañía remesadora y que no se trata de dinero del narco, como algunos habían sugerido.
Al contrario, llegan remesas desde Canadá, Ecuador, Guatemala, Colombia y otros países para los migrantes en tránsito. Existe una población flotante de personas en camino que reciben remesas; de ahí, también el incremento de éstas en Chiapas y otros estados. Una población no cuantificada, pero si la migra detiene a 150 mil migrantes extranjeros al mes, saque usted la cuenta de cuántos están en camino, quienes, en su mayoría, reciben remesas y pasan varios meses en el país hasta llegar a la frontera norte.
A eso hay que sumarle los costos del coyotaje y la extorsión que van a parar a las bolsas de los traficantes de personas. Todo ese dinero se registra y se cobra, con documentación que tienen los bancos y las oficinas de empresas como Western Union, Money Grant y otras. Cualquier investigación policial, somera, podría encontrar a los que cobran los dineros de la extorsión y el tráfico porque fácilmente los migrantes pueden proporcionar esos números, nombres, localidades y números INE. Pero, al parecer, no se hace nada.
En cuanto a los estados que reciben más remesas, no hay sorpresas. Guanajuato, Michoacán y Jalisco se llevan la parte del león, con más de 5 mil millones de dólares cada uno. Tampoco hay sorpresa sobre el destino de los migradólares que llegan a cada entidad federativa, se los queda la Federación. Muchos países que reciben estos recursos avalan sus préstamos con los montos de divisas que le llegan anualmente. ¿No podría, un estado como Oaxaca, disponer de un porcentaje de lo que recibe, para obras específicas que requiere realizar con urgencia o para préstamos a corto plazo, que se pagarían con sus propias asignaciones de migradólares?
En este negocio algunos ganan y otros pierden. Ganan las compañías que cobran por la transferencia; ganan los bancos por el diferencial del tipo de cambio, entre compra y venta; gana Hacienda con el 15 por ciento de iva de todo lo que se consume. El migrante tiene costos y los estados receptores ni siquiera reciben una partida especial para poder atender a su población migrante, sus familias y los deportados.
De estos dineros, 99 por ciento llegó como transferencias electrónicas, lo que sin duda es una gran ventaja. En 2000, un grupo de migrantes denunció a Western Union, MoneyGram y Orlandi Valuta, por cobros excesivos en las transferencias, que cobraban 10 por ciento aproximadamente. El juicio derivó en una class action, una demanda colectiva que se ganó en favor de los usuarios. Las compañías pagaron varios millones en cupones de compensación a los usuarios, y los precios de las transferencias bajaron sensiblemente. El argumento del juez no fue la ganancia excesiva, sino que las compañías no informaban el monto en pesos que se recibiría, al tipo de cambio del día. De esto también se aprovechaban los bancos, para sacar otra tajada.
Ante tal monto de dinero, las aves de rapiña tienen un olfato especial, entre ellos, Trump que quería ponerle impuestos a las remesas; no son petrodólares que cuesta millones generarlos, son migradólares libres de polvo y paja, que manda la gente, muchos de ellos pobres, humildes y sacrificados migrantes, que sus familias reciben pesos, a los que ya le mocharon una parte y luego le sacan otra, el 15 por ciento de iva.
