El pasado 5 de febrero se conmemoró la Constitución mexicana de 1917, la primera que contempló los derechos sociales, económicos y laborales en el mundo. Para recuperarlos y fortelecerlos, el presidente Andrés Manuel López Obrardor presentó un conjunto de iniciativas que se abrirán al debate. Este mismo lunes, la Constitución Política de la Ciudad de México cumplió siete años de ser promulgada.
La Asamblea Constituyente fue presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, Clara Brugada fue vicepresidenta y Bertha Luján, secretaria de la Mesa Directiva. Tuve oportunidad de participar como diputada constituyente junto con un distinguido grupo de 22 elegidos, de la fracción de Morena (de 100), el coordinador parlamentario fue Bernardo Bátiz. El dirigente del partido en la capital, Martí Batres, nos convocó meses antes para preparar las propuestas constitucionales. Nuestra facción era robusta: activistas y líderes indígenas, juristas, políticos de carrera y periodistas, ingenieros y académicos de antropología social, sociología y economía, además de escritores y actores.
Me permito aquí enumerarles: además de Bernardo Bátiz, Clara Brugada y Bertha Luján, fueron parte del equipo Raúl Bautista, Bruno Bichir, Marath Bolaños, Héctor Bonilla, Jaime Cárdenas, Elvira Daniel, Mayela Delgadillo, Javier Jiménez Espriú, Aristeo López, Patricia Ortiz Couturier, Javier Quijano, Jesús Ramírez Cuevas, Lilia Rossbach, Patricia Ruiz Anchondo, Consuelo Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Margarita Valdes y quien escribe (Damían Alcázar, Mardonio Carballo y Fabricio Mejía participaron los primeros meses).
La apuesta de Morena fue por un marco que permitiera revertir las políticas neoliberales e impidiera las medidas regresivas que se estaban viviendo en la última gestión local y en las federales. Porque el texto constitucional no crea una situación, pero sí la consagra, si hace más de 20 años hemos colocado aquí gobiernos de izquierda es por haber recorrido un largo proceso cultural y político, ya lo decía Antonio Gramsci: “No es posible la toma del poder político sin ocupar antes el poder cultural”.
Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y de la Revolución Democrática veían en la Asamblea Constituyente una oportunidad para recuperar un territorio perdido, el de la Ciudad de México.
Fue el primer congreso paritario del país y se logró incluir la perspectiva de género como transversal. Se rompió la forma de hacer política legislativa, en debates acalorados se argumentaba las ideas y las experiencias, los acuerdos con otras fracciones se hicieron frente a las cámaras y en parlamento abierto. La ampliación del parámetro de regularidad de los derechos fue trascendental para que transitaran los reconocidos en la Constitución federal, en instrumentos internacionales, y en las normas generales y locales. Entre los principales derechos emergentes de la Carta Magna capitalina quedaron: el derecho a un mínimo vital (a recibir periódicamente un ingreso monetario), a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, a la protesta social y al secreto profesional, a la ciudad, a la vía pública y al espacio público, al agua potable y su gestión sin fines de lucro, al acceso a la cultura sin censura, al arte, a la ciencia y al Internet, a una muerte digna, a un ambiente sano, a la protección de los animales como seres sintientes, a la movilidad, a la seguridad urbana y a la prevención del delito.
Pese a los intentos regresivos de las otras fracciones, avanzaron los derechos de las mujeres y los sexuales. Afuera del recinto todos los días nos recibía un compacto grupo que arengaban: “Sí a la vida, no al aborto”, “Por un México sin aborto”. El cardenal Norberto Rivera calificó como un “bodrio” la Constitución que construíamos.
Una verdadera batalla campal que ganamos a pulso, adquirieron valor constitucional: el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en el artículo 6: “Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica y laica..”.
Otros incisos del mismo numeral protegen el acceso a la reproducción asistida y a prevenir la violencia obstétrica, los derechos de las personas LGBTTTI para tener una vida libre de violencia y discriminación y en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.
El derecho al cuidado y la creación del Sistema Público de Cuidados se mandata como tarea de Estado, al respecto se han instrumentado mútiples obras y medidas en el gobierno capitalino.
En la alcaldía de Iztapalapa se concretaron unidades con servicios domésticos y de cuidados para niños, adolescentes, personas mayores, enfermas y con discapacidad; el sistema es articulador de servicios educativos y deportivos, sicológicos, culturales, de salud física y mental.
Los gobiernos de izquierda han sido producto de una ciudadanía cosmopolita que de múltiples maneras quedó representada en la asamblea constituyente.
*Secretaria General del Conapo
@Gabrielarodr108
