Fruto de un complejo proceso social de carácter revolucionario, la Constitución Política promulgada en 1917, que nos rige hoy, fue una de los marcos jurídico-políticos más innovadores de su época que cuenta entre sus virtudes haber sido una de las primeras en el mundo en incorporar garantías individuales y derechos sociales. El lunes, día de la conmemoración del aniversario de nuestra Carta Magna, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una veintena de iniciativas de reforma a la Constitución para ser discutidas en el último periodo de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura. Es pertinente hacer un balance crítico de este paquete de propuestas de reforma desde una perspectiva que privilegie la institucionalidad democrática, la garantía de los derechos humanos y los valores constitucionales fundamentales que hace 107 años fueron pactados como condiciones fundamentales de las bases políticas de nuestro país.
Las reformas propuestas aparecen como cristalización de lo que por cinco años ha sido el centro de la narrativa oficial, asomando a través de ellas una clara intencionalidad político-electoral. Por ello es importante ponderar del conjunto de iniciativas tanto los aspectos positivos que merecerían ser promovidos, como los elementos que representarían retrocesos en la agenda democrática del país, inscritos ya en la Carta Magna y han sido lentamente materializados en las últimas décadas. Vayamos por partes.
Una de las principales reivindicaciones propuestas es la garantía de los derechos sociales, promovidos por el Presidente en su narrativa diaria. Temas como los apoyos para la educación, un sistema de salud universal, acceso a la vivienda y la ampliación de los programas sociales para jóvenes y campesinos, son algunos de los mecanismos propuestos para ampliar los derechos sociales de las mayorías. Ciertamente, a este gobierno debe reconocérsele su consistente esfuerzo por fortalecer las políticas sociales, que, junto con su política laboral, han conseguido resultados favorables en la disminución de pobreza. Sin embargo, no podemos dejar de mirar críticamente estas iniciativas dado el contexto político-electoral en que son anunciadas, que las hacen parecer mucho más como promesa de campaña que como piezas de un programa integral de trabajo sustentado en mecanismos claros para su concreción y sostenibilidad a largo plazo.
La dimensión laboral es quizá el ámbito en que el presente sexenio ha labrado sus logros más sustanciales. La aprobación de las reformas ahora propuestas al salario mínimo y al sistema de pensiones significaría profundizar la apuesta por la progresividad de los derechos laborales que son un pilar importante para garantizar las condiciones de vida digna de la población. No obstante, para asegurar su viabilidad, es igualmente indispensable garantizar los acuerdos y condiciones indispensables, mismos que hoy no parecen estar sentados.
En el caso de las reformas en materia ambiental y para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, aparecen como buen indicio cuya credibilidad choca, sin embargo, con la inconsistencia que ha caracterizado a la 4T, para la cual ha primado una profunda discrepancia entre su discurso y su práctica, pues, a poco más de cinco años de gobierno, no se ha mostrado con hechos que el ambiente o los pueblos originarios ocupen un lugar central entre las prioridades de la esta administración, no obstante su frecuente uso simbólico en la narrativa y en los actos públicos del Presidente.
Resulta de particular preocupación la reforma que plantea el traspaso definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, pues aunque en la práctica opere ya como brazo de las fuerzas armadas, consagrar dicho traspaso en el texto constitucional supondría una traición a los principios de seguridad ciudadana que concede centralidad a las responsabilidades civiles en materia de construcción de paz. Vale la pena recordar que es el Ejército una de las dependencias con más quejas por violaciones a derechos humanos, cuyo empoderamiento y despliegue indiscriminado ha ocasionado el aumento de eventos violentos en el país.
Por último, es inevitable expresar preocupación por las iniciativas dirigidas a modificar nuestro sistema democrático. En este espacio hemos insistido que tanto el Poder Judicial como los organismos autónomos requieren de reformas estructurales que permitan un mejor funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que es propio de la democracia y valor fundamental de nuestra Constitución. Las reformas del Presidente implican el debilitamiento de estos equilibrios. Creemos que, para formular una reforma que realmente fortalezca la democracia, es indispensable profundizar el diagnóstico del mal funcionamiento de nuestras instituciones para formular los ajustes normativos más pertinentes que consoliden el andamiaje democrático que, especialmente hoy, no sólo en México sino en todo el mundo, precisa de instituciones civiles fuertes y autónomas.
Otra vez está en juego la salud institucional y democrática del país, de lo cual es reflejo eminente nuestro marco jurídico-político. En un ambiente cada vez más polarizado por el proceso electoral venidero, se requiere de un constitucionalismo moderno que apueste por la conciliación de la diversidad social sin suprimir las diferencias y conflictos que son consustanciales a toda democracia. Subrayamos que en la discusión de las reformas propuestas debe prevalecer el espíritu de diálogo para fortalecer la vigencia y cobertura de los derechos humanos, permitiendo la actualización, progresión y ampliación de los derechos conquistados en 1917, estableciendo controles y mecanismos específicos para su cumplimiento y, sobre todo, evitando todo riesgo de retroceso democrático.
