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Señalan artificios en contratos de limpieza de la Secretaría del Bienestar

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Empresas señalan falta de transparencia en la contratación de servicios de limpieza para la Secretaría del Bienestar. Foto Roberto García/Archivo
07 de febrero de 2024 17:20

Ciudad de México. La continuidad del contrato de servicios de limpieza por outsourcing en la Secretaría del Bienestar generó una pugna entre las empresas que buscan otorgar el servicio, y las diferencias se acentuaron previo a la apertura de proposiciones y el fallo.

En una queja que se distribuyó en la Comisión Anticorrupción de la cámara, se indicó que entre las críticas está que la dependencia fue cuestionada por presuntamente coartar la libre competencia en el contrato de servicio integral de limpieza a bienes inmuebles.

De acuerdo a los documentos, se observó que en la junta de aclaraciones de la invitación restringida IA-20-411-020000999-N-2-2024, dos firmas se inscribieron, pero solo Roma Limpieza Inmobiliaria realizó preguntas respecto de los requisitos; Limpieza Jored, la actual contratista, decidió no intervenir.

Entre las críticas, la empresa competidora cuestionó que entre las bases se pidieron los certificados denominados EC0960, EC0961, EC0397.01, EC0391.91, que estarían fuera de los requisitos previstos en el contrato marco y constituirían “candados a la libre participación”.

También se requirió entregar acta de inspección de las normas, cuando en el contrato marco solo se solicita manifestación de cumplimiento, y en respuesta la dependencia respondió que lo previsto en tal reglamentación no limita los requisitos y que se busca contar con servicios de calidad.

No obstante, se explicó que el certificado EC0960 fue derogado desde abril de 2023, como quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que uno de los documentos ya fue actualizado desde hace nueve meses y por lo tanto no está vigente.

La secretaría también requirió un certificado inaplicable, porque se trata de un documento que incluye temas de seguridad e higiene.

La empresa solicitó retirar esos candados, al considerar que además de constituir “candados contra la libre competencia”, hay “sospechas sobre el posible favorecimiento de alguna de las proveedoras inscritas, así como el probable daño al erario al no contar con variedad de cotizaciones”.

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