Ciudad de México. Ante expertos del Comité de los derechos del niño de la ONU, representantes de organizaciones civiles y de la niñez en México expusieron los temas “más preocupantes” sobre esta población en el país, como los homicidios, las desapariciones y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Además, hicieron un llamado a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para que se mantenga como un órgano desconcentrado y con las funciones que actualmente tiene, contrario a lo que plantea la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado, para incorporarlo como una unidad administrativa al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El Sipinna, aseguraron, es la “institución que posibilita la realización del mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y con la reforma se retiraría el alcance de sus funciones, ya que el DIF “carece de la capacidad operativa, técnica, política y de enfoque de derechos de infancia”.

En conferencia virtual, desde Ginebra, Suiza, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), insistió en que la propuesta de reforma constitucional “es regresiva en materia de derechos” y que para su aprobación los legisladores deberán convocar a un parlamento abierto, pues la ley general actual contempla que se tiene que consultar a esta población.

Detalló que el encuentro privado con el Comité de la ONU se dio en una pre sesión, antesala el examen de México en septiembre próximo, para evaluar su cumplimiento sobre la Convención de los Derechos del Niño. Ahí, la Redim -integrada por diversas organizaciones- presentó un informe alternativo en el que se expone que entre 2018 y 2021 un total de 5 mil 819 menores de edad perdieron la vida a causa de la violencia homicida.

“Resulta preocupante observar que el 30.5 por ciento de estas víctimas son mujeres”, dijo Ramírez. En tanto que en materia de desaparición, aseguró que el 17 por ciento de las más de 110 mil personas en esta condición, son niños, niñas y adolescentes.

Respecto al reclutamiento forzado por grupos criminales, la directora de Redim indicó que si bien no existen datos oficiales sobre el número de victimas, se estima que entre 145 mil y 250 mil están en riesgo de ser cooptados, principalmente en entidades como el estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

En este sentido, señaló que las personas expertas del comité manifestaron interés para poder comprender “qué es lo que sucede con el reclutamiento, si es una especie de escuela militar o paramilitar, o qué tipo de ‘formación’ están teniendo estos chicos y chicas para ingresar a las filas del crimen organizado” y sobre el asunto de la participación en las policías comunitarias.

Además para los integrantes del Comité de la ONU, “hubo dificultad” en la comprensión de cómo un país como México, que forma parte de las 15 principales economías del mundo, “la pobreza existe de una manera tan profunda en niñez y adolescencia” y que en población indígena supera el 80 por ciento, mencionó Ramírez.