Ciudad de México. Colectivos que representan a personas que estuvieron en prisión preventiva oficiosa de manera injusta, en algunos casos por más de 17 años, informaron que denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) “el desacato” del Estado mexicano a sentencias emitidas por este tribunal en 2023 para adecuar su legislación sobre esta figura, para que no sea automática.

Lo anterior, ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado, para ampliar el catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa, informaron la Red Solidaria Década contra la Impunidad y el Colectivo Pena Sin Culpa.

Indicaron que las víctimas reconocidas por la CoIDH, Daniel García Rodríguez, Reyes Alpízar Ortiz, Tzomplaxtle Tecpile, Gerardo Tzomplaxtle y Gustavo Robles López manifestaron su preocupación por la propuesta, “al ser regresiva y constituir una infracción al orden público internacional”.

De acuerdo con la iniciativa, todos los delitos fiscales, tales como la defraudación, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley, deberán de ser castigados con prisión preventiva oficiosa.

David Peña, abogado de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz en la CoIDH, expuso en entrevista que en el marco de las sentencias que dictó el año pasado la Corte Interamericana sobre sus defendidos y el caso Tzomplaxtle, el Estado mexicano tendría que enviar sus informes de cumplimiento de los ordenamientos, entre ellos adecuar su legislación sobre dicha figura y anular el arraigo.

“Cuando nos corran el traslado del informe del Estado, lo que nosotros vamos a informar es que contrario a haber hecho acciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia, lo que está haciendo el Presidente con una nueva iniciativa, es fortalecer el artículo 19 constitucional y cargarlo de más delitos”, explicó.

Subrayó que en la parte sustantiva de las sentencias de la Corte, que es la de adecuación del marco normativo, no se ha avanzado y en el caso de García Rodríguez, quien fue víctima de tortura, “sigue con sentencia condenatoria” por un presunto homicidio, por lo que continúa en riesgo su libertad.