Ciudad de México. Grandes multinacionales alimentarias y cámaras empresariales en el país buscaron frenar y moldear las reformas a la Ley General de Salud en materia de Etiquetado y la NOM-051 con la que, además del etiquetado, se regula el uso de personajes dirigidos a infancias sobre los empaques de alimentos y bebidas, advierte un estudio del Poder del Consumidor.

Refiere que hubo opacidad de los procesos de normalización anteriores al ordenamiento, caracterizados por la cercanía entre ex funcionarios de Cofepris como Patricio Caso y Mikel Arriola y ejecutivos de cámaras e industrias como Coca-Cola y ConMéxico.

La investigadora Ana Larrañaga al presentar la cuarta entrega de la investigación Bajo la Mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México, detalló que esos vínculos dieron paso a procesos de puertas giratorias entre la agencia regulatoria y la refresquera en la que actualmente trabaja patricio Caso, además de que contribuyeron a la permanencia del etiquetado opaco conocido como “GDA”.

Detalló que a lo largo del proceso de aprobación del nuevo etiquetado de advertencia, que demostraba que era comprendido con facilidad por más consumidores, las multinacionales alimentarias desplegaron una enorme fuerza de cabildeo en la Cámara de Diputados, con estrategias como “reventar sesiones” de la Comisión de Salud, evitando que las y los diputados asistieran y se cancelaran por “falta de quorum”.

Indicó que los cabilderos de la agrupación empresarial ConMéxico y los representantes de compañías de ultraprocesados intentaron introducir transitorios para debilitar el dictamen con la ayuda de algunos aliados como, la entonces diputada, Tatiana Clouthier.

Respecto al proceso de la NOM-051, la investigación expone como había una clara mayoría de participantes del sector empresarial en las mesas de trabajo, en contraste con representantes de otros sectores.

Durante las discusiones, el sector de alimentos y bebidas contaba con 32 instituciones acreditadas, además de cuatro asociaciones civiles con nexos al sector empresarial y posturas alineadas a sus intereses. El sector académico lo representaban cuatro instituciones, por su parte, la sociedad civil sin nexos empresariales contaba con solo dos espacios.

La autora y los especialistas de la organización El Poder del Consumidor, y el Instituto Nacional de Salud Pública, coincidieron en que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas muestra un patrón claro de acciones de incidencia política que socavan el derecho a la salud y la alimentación, anteponiendo su modelo de negocio a los derechos fundamentales.