Ciudad de México. Los bajos niveles de almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala ya ocasionan conflictos sociales en la Ciudad de México y el Estado de México, ante lo cual organizaciones ciudadanas llamaron al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del T-MEC para que vote a favor de la elaboración de la investigación que le pidieron desde hace ocho meses.
En un comunicado recordaron que el 15 de mayo de 2023 solicitaron un Expediente de Hechos por “omisiones en la aplicación efectiva de las leyes ambientales en lo que respecta a la protección de bosques, biodiversidad y recursos hídricos afectados por procesos de degradación, erosión de suelos y contaminación, y también por el impacto de los cambios de uso de suelo forestal para privilegiar la construcción inmobiliaria y la infraestructura urbana en la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, y el municipio de Valle de Bravo, Estado de México”.
Sin embargo, a ocho meses de haberse presentado la petición, la situación en la región “es crítica y no tiene precedentes”, dijeron al precisar que tras los niveles de almacenamiento históricos del 39 por ciento en promedio de las presas del Cutzamala, en los últimos días las autoridades de ambas entidades determinaron “tomar medidas emergentes, mediante recortes en el suministro de agua de 800 litros por segundo, a varias alcaldías y municipios”.
Esto ya ocasiona conflictos sociales, bloqueos y disputas por el líquido, “sin dejar de mencionar las afectaciones ambientales por la falta de agua, concentración de contaminantes en los ríos y presas, así como procesos de degradación y erosión de los suelos en la propia Subcuenca”.
Recordaron que “la sequía que se ha presentado en la mayor parte del país en los dos últimos años, sumada a la falta de medidas integrales y a largo plazo para el manejo de la Subcuenca, incluyendo la protección de los bosques como fábricas de agua, frente a un cambio de uso de suelo y deforestación desmedidas, han tenido como consecuencia una serie de afectaciones ambientales, sociales y de salud pública que hoy se están haciendo latentes; no sin dejar de mencionar las pérdidas económicas al sector turístico, del que depende Valle de Bravo para su subsistencia”.
Agregaron que la solución a la crisis hídrica y ambiental de la Subcuenca Amanalco-Valle de Bravo, y con ello de las regiones que subsisten de sus servicios ambientales, tiene que basarse en una planificación integral y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con el acompañamiento de la sociedad civil organizada.
Entre las organizaciones que presentaron la petición están el Observatorio Ciudadano de la subcuenca Valle de Bravo-amanalco, el Cemda y la Universidad del Medio Ambiente.
