Bogotá. Un breve comunicado de tres párrafos puso fin a varias horas de extrema tensión y al sexto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación nacional (ELN), que acordaron prorrogar otros seis meses el alto al fuego bilateral vigente desde septiembre de 2023.
Luego de tres sigilosas semanas de negociaciones en La Habana, Cuba, a última hora de este lunes las partes decidieron extender hasta el próximo 6 de agosto el cese de operaciones ofensivas, incluyendo la no utilización del secuestro como medio de financiación de la guerrilla, según se afirma en el comunicado conjunto.
El ELN enfatizó en que esta determinación unilateral tiene un carácter temporal y su vigencia dependerá del funcionamiento del alto al fuego, vigilado por un mecanismo nacional e internacional de monitoreo y verificación.
Otty Patiño, quien condujo durante un año las negociaciones con el ELN y fue nombrado en diciembre nuevo Comisionado de Paz, dijo esta mañana a medios locales que la ejecución de una “retención con fines económicos” (como denomina la guerrilla al secuestro) será considerada una violación de la tregua, así como la permanencia de los más de 20 secuestrados que -según afirma el gobierno- aún están en manos del grupo insurgente.
Este espinoso tema no sólo ha impedido el abordaje de otros importantes asuntos en la mesa de negociaciones, sino que ha derivado a otro tópico aún más complejo, planteado por la comandancia del ELN: ¿cómo sobrevivir económicamente sin una de las principales fuentes de ingresos?
Especialistas en procesos de paz aseguran que este dilema no es nuevo y surge en casi todas las negociaciones, pero al final de ellas, cuando ya es posible vislumbrar que las partes llegaran a un acuerdo definitivo.
Por ello la airada reacción de Patiño ante la insistencia de la guerrilla -en esta ronda- sobre la creación de un fondo para su financiación. “Ligar el tema del secuestro con la financiación era un asunto que creíamos superado desde el anterior ciclo en México, pero ellos lo volvieron a poner sobre la mesa en La Habana y hubo un repudio, no sólo de nuestra delegación sino de la comunidad internacional que acompaña el proceso”, dijo hoy el Comisionado de Paz.
Patiño califico de “chantaje” ligar el no secuestro con la financiación de la guerrilla y anunció que en 2024 el énfasis del gobierno será la paz territorial. “Sin paz territorial no habrá paz total”, sentenció.
Fuentes de ambas delegaciones confirmaron a La Jornada que el próximo ciclo de negociacines se llevará a cabo en abril en Venezuela, país que -junto a México y Cuba- ya ha servido de sede a los diálogos.
Llega la ONU
El tema de la paz seguirá en primer plano durante lo que resta de la semana con la llegada al país, este miércoles, del Consejo de Seguridad de la ONU para verificar, en terreno, la implementación de los acuerdos firmados en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El organismo encargado de velar por la paz y la seguridad a nivel mundial, se reunirá con las autoridades gubernamentales encargadas de ejecutar un acuerdo que -en opinión de la mayoría de los analistas- se quedó más en el papel que en la realidad, en especial durante el último tramo del gobierno de Santos y en los cuatro años del mandato de Iván Duque.
Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad también visitarán los territorios que fueron escenario de más de seis décadas de guerra y se entrevistarán con las comunidades para establecer el nivel de implementación del acuerdo de 2016, explicó el jefe de la misión de la ONU en Colombia, el mexicano Carlos Ruiz Massieu.
Entre las muchas novedades que podrán constatar los visitantes está la cifra de 421 ex combatientes de FARC, firmantes del acuerdo que han sido asesinadas en los últimos siete años tras la entrega de armas hecha por esa guerrilla.
