Con la prepotencia y el cinismo acostumbrados, el ministro Alberto Pérez Dayán ofreció ayer una lección completa de clasismo para que nadie dude de lo que los miembros de la Suprema Corte son y porque están por encima de la ley.
No se necesita buscar entre líneas ni profundizar en lo dicho. Pérez Dayán no necesita que el pueblo lo elija porque “la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social.
Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie
, dijo Pérez, seguramente con la mente puesta en su cuenta bancaria que engorda mes con mes gracias a que ellos, los ministros, no se sujetan a la ley máxima. Los preceptos que construyen los elegidos por el pueblo y que obligan, por ejemplo, a que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República no los alcanzan ni los tocan.
Pero el asunto no termina ahí. Pérez, a quien los representantes populares del partido que ha recibido más votos pretenden llevar a juicio político porque sus decisiones han perjudicado a las mayorías, según acusa ese instituto, lanzó la inolvidable lección: “Hacer cumplir la ley es uno de los actos más democráticos, más genuinos del servicio público –aunque los ministros no ejerzan una función social, como la que realizan los representantes populares, según él mismo explicó–”.
Y desde su Olimpo sentenció, sin un gramo de vergüenza, que la Suprema Corte de Justicia puede invalidar cualquier acto
que no respete la Constitución, “independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa –siempre que no afecte a los ministros o a los miembros de la iniciativa privada, a los que favorece–, sin distinción alguna”.
Y más, sin ambages ni falsos rubores, se atrevió: “Ninguno –de los poderes de Unión– es más democrático que el otro”, aunque rechazó rotundamente la posibilidad de que los ministros puedan ser electos por la población.
Pérez Dayán debería ser llevado a juicio político por no aceptar, entre otras cosas, la esencia de la democracia, y para que explique una buena parte de lo que ayer dijo al conmemorarse un aniversario más de la Constitución Política de México.
Es muy importante redefinir los derechos y las obligaciones de la Suprema Corte de la Nación. Desde esa instancia se complica hoy, más que se resuelve, parte de la transformación que urgió la población.
Si los ministros no entienden o no quieren entender que el mandato superior lo otorgan las mayorías, y que negarlo es ir en contra de esas mismas mayorías, el conflicto es grave y puede traer consecuencias funestas.
Por eso, más vale que se enjuicie al ministro Pérez. Ponerlo en el banquillo de los acusados será, a todas luces, un acto democrático porque, además, los conceptos que utiliza para calificar de eso, de democráticas sus decisiones, deben ser justificadas frente a la gente, aunque su mandato no provenga de ella. Así debe ser.
De pasadita
Vaya salida la de la oposición. Ahora resulta que a falta de credibilidad en México se fue a EU a tratar de envolver con acusaciones mentirosas, y por ello baratas, a un público sensible a la demagogia.
Ojalá se recordara por allá que el personaje que se encarga de la seño de las gelatinas es Idelfonso Guajardo, aquél a quien Enrique Peña nombró secretario de Economía.
Sí, es el mismo a quien se acusó de enriquecimiento ilícito porque obtuvo un incremento injustificado de su patrimonio del que no pudo justificar su origen legal. Como era de esperarse, Guajardo no pisó la cárcel porque un juez y el fuero lo impidieron. Viva la democrática justicia, ¿verdad, ministro Pérez?
