Villahermosa, Tab., Los tabasqueños todavía no se explican bien a bien cómo la relativa tranquilidad que pinta al estado como un edén se vio súbitamente rota la tarde y noche del 22 de diciembre de 2023, con una balacera en una zona residencial, seguida de bloqueos, incendios de automóviles y motines simultáneos en tres prisiones, con saldo de tres muertos.

Esas escenas, que no ocurrían en este estado del sureste de la República, rápidamente se difundieron en redes sociales, noticiarios y (según acusa Morena) fueron magnificados por actores de la oposición.

En días recientes, a partir de los operativos que llevan a cabo la Guardia Nacional (GN), el Ejército, la Marina y la policía ministerial, se ha comenzado a desvelar que, aun cuando la entidad mantuvo una paz relativa, en Tabasco opera una célula criminal denominada La Barredora, con presuntos vínculos en círculos policiacos, pero que en el gobierno incluso es definido como mito.

A este grupo, dedicado por ejemplo a la extorsión de cañeros en La Chontalpa, se atribuyen los hechos de violencia del 22 de diciembre, que incluyó la quema de 16 vehículos en Centro, Paraíso, Cárdenas, Nacajuca, Macuspana, Tacotalpa y Teapa, y los motines en los penales de Comalcalco, Huimanguillo y la capital del estado.

En círculos políticos y policiacos se habla de que esa noche ocurrió un enfrentamiento a balazos entre el depuesto jefe de la policía, Hernán Bermúdez Requena, con Ulises Pinto (presunto cabecilla de La Barredora) en el residencial Club Campestre de Villahermosa.

Se pidió a la Fiscalía General del Estado información sobre cuál es la línea de investigación de esos hechos, pero no respondió.

Delitos a la baja

Salvo el abigeato, delito en el que Tabasco es segundo lugar, el nivel de delincuencia va a la baja, en contraste con los gobiernos del priísta Andrés Granier Melo (2007-2012) y del perredista Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), sexenios durante los cuales la entidad sufrió una escalada de violencia que se tradujo en secuestros, extorsiones, asesinatos, tráfico de personas y el éxodo de empresarios y profesionistas a Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.

El municipio de Cárdenas, cuentan los tabasqueños, literalmente se convirtió en pueblo fantasma. En distintas comunidades se volvió habitual ver letreros de se vende y se renta en casas y negocios. Y el atentado, en marzo de 2007, en pleno centro político y económico de la capital, contra el general en retiro Francisco Fernández Solís, jefe de la policía con Granier Melo, sacudió a la sociedad tabasqueña.

Tan sólo en 2018, el último año de gobierno de Núñez Jiménez, 94 personas fueron secuestradas, y en los cinco años de la actual administración estatal se han reportado 104 casos, según un informe de diciembre pasado del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contrastó los índices de delincuencia con los gobiernos de Adán Augusto López Hernández (2019-2021) y el interino de Carlos Manuel Merino Campos (2021-2024).

Víspera de Reyes

Después de la violencia del 22 de diciembre, que disminuyó significativamente la presencia de personas en las calles de la capital incluso en Navidad, ocurrió una ola de asaltos simultáneos el 4 de enero; ocho personas fueron detenidas y después de ese episodio, Bermúdez Requena fue destituido.

Este funcionario fue designado como jefe de la policía por López Hernández, a pesar de las acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió mil 100 militares a Tabasco y la GN mantiene intensos patrullajes en esta ciudad y en los municipios. Como resultado de los operativos, el sábado 20 de enero, fuerzas federales decomisaron a La Barredora una decena de casas de seguridad y tres días después un rancho donde había dos leones, un tigre, un jaguar, dos pavorreales, dos caballos, dos ponis, 20 vacas, borregos y aves de corral. Se rescató a un joven secuestrado.

Y el martes 30, durante el cateo a un predio cercano al fraccionamiento Campestre, la GN decomisó 29 vehículos, 10 armas de fuego, 45 cargadores, 620 cartuchos, una lancha y seis motocicletas, así como el inmueble.

La fiscalía estatal entregó en diciembre el reporte de análisis de la incidencia delictiva estatal, con datos de enero a noviembre, en el que destaca que los crímenes de impacto social son los más altos: robos diversos, a casa habitación, comercios y de vehículo. Los delitos que van en aumento son los de violencia familiar. Mientras en 2018 se reportaron 5 mil 993 casos, el año pasado se registraron 7 mil 46, con un acumulado en lo que va del actual gobierno de 33 mil 727.

La extorsión pasó de 300 casos en 2018 a 92 el año pasado, y el homicidio, que tuvo un repunte el primer año de López Hernández, con 529, bajó a 210, es decir, 54.7 por ciento menos.

La situación de seguridad en el estado se complica por diferentes factores, según explican fuentes de Morena en la entidad: no existe una campaña de prevención contra las adicciones; se abandonaron el deporte, la cultura y el campo; no hay inversión estatal en infraestructura y las principales obras (la refinería de Dos Bocas, el distribuidor vial de la capital y la remodelación del malecón) son federales, y al abigeato se suma el grave problema de contrabando de carne de res de desde Centroamérica, que afecta a los ganaderos locales.

El diagnóstico que tiene el partido refleja otro dato relevante: la edad promedio de los policías del estado es de 60 años, con salarios de 9 mil pesos al mes para los de más bajo rango, y que todavía trabajan 24 horas por 48 de descanso.

Para este año, a los programas sociales se destinarán 18 mil millones de pesos, una inversión que atempera las necesidades de ingreso.

Tabasco tiene dependencia prácticamente total de las transferencias federales, que significan 97 por ciento de su presupuesto, y eso que volvió al primer lugar en producción nacional de petróleo, con casi un millón de barriles al día.

No nos pongan el lente: rector

En su despacho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el rector Guillermo Narváez Osorio (que se religió este lunes 22 para un nuevo periodo de cuatro años), admite que los sucesos violentos de diciembre y principios de enero fueron algo muy raro.

–¿Considera que son hechos aislados? –se le pregunta.

–No sé. Yo fui presidente del Tribunal Superior de Justicia de 2001 a 2006, y en Tabasco no había habido problemas. Salvo en el último año del sexenio de Manuel Andrade Díaz (el 26 de julio de 2006), la detención fortuita de Mateo Díaz López, El comandante Mateo, provocó por la noche un ataque brutal contra los juzgados, incluso con bazucazos. El personal estaba aterrorizado.

Ojalá que sean hechos aislados o que el Estado, el gobierno federal y el estatal, retomen los controles. También, hay que decirlo, se propagan noticias falsas y hay que evitarlas, porque eso podría inhibir la participación en las elecciones de junio.

Y añade: No me gustaría que el estado se descompusiera. Confío en que esto se resuelva pronto, para tener elecciones tranquilas; que no vaya más allá en la cuestión política. También apelo a que no nos pongan un lente más grande, que no sobredimensionen.