Detrás de la tensa y hasta muy confusa situación que hoy priva en la UAM respecto del eventual estallamiento de la huelga, están por un lado como actores claves, los recientes cambios en la legalidad laboral que prevén la realización de una consulta a todos los trabajadores académicos y administrativos, sean o no sindicalizados, y así definir si se aceptan o no las respuestas que la rectoría ofrece a sus demandas. Y este será un elemento para definir si habrá o no huelga. En los hechos, para muchos trabajadores, sindicalizados o no, esta consulta es vista como una especie de desafío que ahora se les hace. El sindicato y muchos trabajadores están convocando a manifestarse votando masivamente a favor de lo que se alcanzó en la negociación entre el sindicato y la administración universitaria. Es una manera de apropiarse de un instrumento cuyo significado en términos de los balances de poder en el interior de la institución no están por el momento a la vista.

En esta perspectiva, se ve como una ventaja el hecho de que voten a favor del acuerdo incluso personas reacias a colocarse del lado sindical, aunque lo hagan básicamente porque quieren asegurar que no habrá huelga. Pero, por otro lado, es también claro que la consulta puede servir a las autoridades institucionales para que, apelando al voto de los académicos que no gustan del sindicato ni comparten sus estrategias, tenga una manera de “contener” en el futuro las luchas sindicales. Una especie de seguro antihuelga, además muy eficaz, porque proviene de otros trabajadores. Se abre así un campo de lucha en torno al uso y ventaja que tendrá esta figura, y esa lucha ha comenzado ya porque no pocos de los avances en la negociación en el periodo prehuelga definen tareas a futuro o tópicos pendientes del desarrollo de discusiones y acuerdos posteriores; podrán vigilarse.

Un ejemplo importante para los y las académicas es el desarrollo que se permita dar a un tema donde la propia autoridad, respondiendo a la demanda sindical, se ha comprometido a avanzar en acuerdos en el futuro. Se trata de resolver la rampante precariedad laboral en que viven y trabajan las profesoras y profesores conocidos como “temporales”. Su existencia responde a una práctica cuya existencia ha llegado al límite. Sin embargo, la propuesta de arranque es muy limitada: acordar “recomendaciones” para acciones de la autoridad de acuerdo con la reglamentación universitaria. Una vía y un lenguaje que no recoge el sentido de urgencia que tiene el hecho de que las y los profesores precarios en la UAM sumen miles, que la paga sea muy baja (10 mil pesos mensuales, lo mismo que un encargado de limpieza), y los contratos tan breves (siete a nueve semanas) que obligan a que al final del trimestre (a las 12 semanas), todavía estén laborando pero sin contrato y sin paga. Masivamente se les despide cada trimestre y cada tres meses la mayoría debe solicitar nuevamente empleo. Para eso, a pesar de que fueron evaluados y contratados apenas dos meses atrás, deben someter otra vez sus docenas de constancias a evaluación, y así viven, por años, hasta una década. Esto luego satura y colapsa la docena de instancias de evaluación que obligatoriamente y por sorteo algunos académicos integramos. A sólo una de ellas pueden llegar hasta 800 solicitudes para ocupar cerca de 90 plazas temporales. Pero, además, el abuso: ocurre que el presidente de la instancia decide cambiar en los dictámenes ya elaborados los nombres de algunos de los/las declaradas ganadores, con lo que ni siquiera tienen garantizado el respeto al resultado de su evaluación. Tensiones y retrasos que hacen que al iniciarse el curso haya grupos de estudiantes sin docente asignado

Así, es una profunda herida laboral, una división entre las condiciones de los temporales y las de los definitivos, que directamente afecta la vida académica. Mantener la precarización es, además, un enorme desperdicio de recursos: ¿para qué evaluar una y otra vez a miles de académicos que ya han demostrado su valía? Con sólo destinar las plazas hoy acumuladas por jubilaciones y defunciones (hasta 500 en una sola sede o unidad) es posible contratar como permanentes a muchos de entre los temporales.

Ya en el pasado se han dado pasos mucho más claros que la perspectiva de sólo “recomendaciones” que ahora se propone. Hubo un acuerdo rectoría-sindicato que se materializó en el acuerdo de un listado de académicos susceptibles de ser definitivos mediante la figura, en la reglamentación, de concurso preferencial. Fue saboteado por el rector, pero si de algo más puede servir la consulta es para que ahora quede claro que la autoridad se compromete ya no sólo frente al sindicato sino a la comunidad que avaló los acuerdos. La UAM lo requiere de manera urgente, y su administración tiene todos los recursos, incluso su papel estratégico en el Colegio Académico, para acuerdos sólidos.

*UAM-X

A Raymundo Mier