La criminalización del defensor y agente comunitario se suscita luego de 14 días de audiencia, a pesar de que se desmintieron con los peritajes presentados por las asambleas durante el debate y de que los testigos de la parte demandante contradicen sus declaraciones iniciales, acusaron.

En un inicio, la denuncia penal fue interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional (RAN), en la que se incluyen 17 órdenes de aprehensión contra habitantes de Puente Madera por su oposición a las obras del megaproyecto federal, especialmente en el monte El Pitayal. Sin embargo, el RAN declinó como demandante y no cuentan con los argumentos suficientes para sostener la acusación que continúa impulsado el Municipio de San Blas Atempa, puntualizaron la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT.

En 2023, Hernández fue notificado de otra demanda penal, el pasado 18 de octubre, por el delito de ataques a la vías de comunicación, en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

La comunidad de Puente Madera lucha desde hace tres años contra la imposición de un parque industrial del Corredor Intercoeánico en su territorio, en particular en las tierras de uso común del monte El Pitayal. En junio de 2023, la comunidad binnizá logró la suspensión de oficio de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa, Oaxaca, con el que se pretendía destruir sus tierras.

Las asambleas de los pueblos aseguraron que la suspensión del parque industrial, uno de los 10 polos de desarrollo que incluye el Corredor Interoceánico, es una victoria para todas las comunidades y personas que aman y defienden la tierra, bienes naturales y territorios del Istmo de Tehuantepec.

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