A la llamada Cuarta Transformación y sus candidaturas electorales, sobre todo la presidencial, ha arribado la muy cantada cuenta de casi fin de sexenio relacionada con el mayor empoderamiento del crimen organizado y las políticas federales en la materia (sintetizadas de manera propagandística en la frase abrazos, no balazos
).
Claro que no es un asunto simple en cuanto a propuestas de solución e incluso, por el turbulento tiempo electoral que corre, ni siquiera en su relatoría cotidiana, pues los posicionamientos partidistas e ideológicos nublan la discusión y el análisis.
Hay una realidad inocultable de mayor presencia, control y crueldad de grupos del crimen organizado, que dominan ciertas regiones e imponen reglas y castigos cual si fueran un Estado sustituto, pero tales hechos son visualizados, interpretados y asumidos conforme a los dos proyectos políticos en pugna: el oficialista que recurre expiatoriamente al pasado, sobre todo a la etapa fundacional calderonista, y apuesta a que se solucionen las causas y no a la acción represiva inmediata, y la oposición que busca olvidar ese pasado (en el que Genaro García Luna es el verdadero ejemplo de colusión del poder presidencial con el crimen organizado) y usa los graves datos del presente como estrategia electoral para prometer solucionar lo mismo que causó.
A cuatro meses de la elección presidencial y a ocho de que López Obrador deje Palacio Nacional, ese tema del crimen organizado y su posible colusión con autoridades gubernamentales de diversa índole está siendo escalado en busca de votos opositores al obradorismo pero, también, como una fórmula para invocar la vigilancia expresa y el intervencionismo no confeso de factores extranjeros, particularmente de áreas políticas de Estados Unidos inconformes con la probable continuidad de la 4T con Claudia Sheinbaum al frente.
Es importante señalar y denunciar todo lo que apunte a la intrusión o preponderancia del crimen organizado en los procesos partidistas y electorales en curso, tanto de Morena y sus aliados como de los opositores, pero también es necesario aguzar la mirada y detectar los ritmos mediáticos, la concertación informativa y opinante, las noticias falsas y el reciclamiento amarillista; es decir, las formas en que de manera estratégica se están sembrando ingredientes de tensión, incluyendo la violencia contra personajes políticos o en hechos que causan conmoción e incertidumbre, para tratar de forzar resultados electorales en el tramo final y crear escenarios críticos postelectorales.
La fiscalía federal obtuvo órdenes de aprehensión, por el delito de delincuencia organizada, contra ocho militares acusados de delitos correspondientes a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa; tres de esas órdenes se cumplieron ayer y el abogado de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado que los cinco faltantes habrán de volver a la prisión castrense, en el Campo Militar número uno.
El gesto es indicativo de la preocupación en el ámbito 4T por la previa puesta en libertad condicional de esos elementos verde olivo, lo cual añadió tensión a la creciente percepción de que el fin de sexenio ha implicado el reforzamiento de las expectativas de impunidad militar.
Sin embargo, siendo notable que la fiscalía gertziana haya logrado la vuelta a las rejas castrenses de esos imputados, habrá de verse si ello conlleva verdaderas posibilidades de justicia o es una maniobra de control de daños en lo inmediato para más adelante reacomodar piezas judiciales y reanudar la tendencia exculpatoria de miembros del Ejército.
Y, mientras Xóchitl Gálvez cumple su rol en Estados Unidos en el libreto que le acomodaron, ¡hasta el próximo lunes, con Ricardo Monreal de regreso a la coordinación de senadores morenistas, según eso para tratar de sacar adelante las propuestas legislativas presidenciales de último tramo!
