El asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado hace casi 30 años, volvió al primer plano de la atención nacional, desde que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que intentó aprehender a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asignado a la protección del político sonorense el día de su muerte.

De acuerdo con la fiscalía, un juez federal rechazó emitir una orden de detención contra Sánchez Ortega, a pesar de que hay un gran acervo de pruebas que lo implican como segundo tirador en aquel 23 de marzo de 1994. Añadió que este personaje fue encubierto por el secretario de Seguridad Pública del calderonato, Genaro García Luna, por ese entonces subdirector operativo de la ya extinta agencia de espionaje.

El hijo de Colosio Murrieta y actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, reaccionó a esta información, apelando a la compasión del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que indulte al asesino confeso y recluido, Mario Aburto, ponga un carpetazo final al asunto y permita que tanto su familia como México sanen mediante la reconciliación. Colosio Riojas afirmó que la justicia mexicana quedó a deber en su momento, por lo que ahora sólo queda dejarlo en manos de otra justicia. El mandatario compartió que él también quisiera ya no saber nada de esto, que fue terrible, pero sostuvo que no puede atender la petición de dar vuelta a la página, pues se trata de un crimen de Estado en el que no puede haber impunidad.

Es inevitable empatizar con Luis Donaldo Colosio hijo, así como con los familiares y seres queridos del político ultimado, quienes han tenido que revivir su duelo a lo largo de tres décadas debido al perfil público del caso y a la ausencia de un esclarecimiento jurídicamente satisfactorio. Sin embargo, el titular del Ejecutivo tiene razón cuando señala la trascendencia de dicho episodio y la obligación de las autoridades de seguir todas las pistas que surjan hasta, idealmente, llegar a la verdad y fincar las responsabilidades debidas. Archivar el caso significaría no sólo validar el crimen original, sino también el deplorable desaseo con que se condujeron las investigaciones durante los últimos meses del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el periodo de su sucesor, Ernesto Zedillo.

Debe recordarse que esas indagatorias se convirtieron en el paradigma de la inmundicia en la historia criminológica del país: fueron conducidas sin ningún disimulo siguiendo criterios políticos en lugar de judiciales y nunca pudieron sacudirse la sombra de los ex presidentes mencionados, quienes nombraban o destituían a su antojo tanto fiscales como jueces y hasta ministros de la Suprema Corte.

Una razón adicional para persistir en la búsqueda de la verdad reside en la importancia histórica del suceso. Con independencia de la opinión que se tenga de Colosio Murrieta, es indudable que su asesinato cambió el curso del México contemporáneo y se inscribió entre los hitos imborrables de la vida pública.

Esta relevancia viene del hecho de que el aspirante presidencial del partido que aún controlaba la práctica totalidad de los cargos de elección popular fuera eliminado de manera violenta, pero también del contexto en que se produjo: 1994 fue un parteaguas en la historia nacional, el año en que se consolidó el neoliberalismo como modelo económico con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, modelo en el cual prosperó el grupo político-empresarial que controló el poder político hasta 2018. Hasta la fecha, no se ha presentado ni siquiera una hipótesis creíble de las motivaciones de Aburto, y la incertidumbre continúa como el principal elemento de todo lo referente a lo ocurrido en Lomas Taurinas hace casi 30 años. Por todo lo expuesto, seguir cualquier indicio que se presente y realizar todos los esfuerzos para esclarecer el asesinato de Luis Donaldo Colosio es un imperativo de justicia y memoria histórica.