Naucalpan, Méx. Padres de familia y personal de la casa hogar San Luis Gonzaga, ubicada en el fraccionamiento Fuentes de Satélite, durante cerca de tres horas impidieron el desalojo de al menos 66 pacientes, varios de ellos menores de edad huérfanos, que presentan autismo y parálisis cerebral, debido a que la inmobiliaria Frisa, ganó un litigio sobre las tierras que ocupa el inmueble y este día, por enésima vez, intentó realizar su posesión.

“Son niños con parálisis, no caminan, ¿qué hacen aquí?, ¿qué les pasa?”, encaró una de las responsables de la casa hogar al grupo de personas que llegó al exterior del albergue y centro de atención, dónde desde hace más de ocho años, los afectados impulsan acciones legales en defensa de un predio e inmueble.

Apoyado por policías estatales, un actuario y un grupo de jóvenes, varios de ellos embozados, uno con un marro, llegaron al exterior del inmueble, donde eran esperados por padres de familia, tutores y personal de la casa hogar.

Los afectados detallaron que la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, ordenó la ejecutoria de desalojo del albergue el 15 de enero del presente año, y a la par avaló el traslado de los pacientes a la Casa Hogar Divino Salvador, ubicada en el municipio de Huixquilucan.

La juez del caso, giró oficios a autoridades estatales de salud para el envío de personal médico, ambulancias y equipos necesarios para asistir el traslado de los pacientes con parálisis cerebral infantil y epilepsia.

Berenice Losada Villalvaso, una de las quejosas, planteó que el albergue hacia donde se ordenó llevar a los pacientes es un asilo para personas de la tercera edad, que no cuenta con las condiciones médicas ni de alojamiento para pacientes con parálisis cerebral y epilepsia, que requieren de atención especializada.

Agregó que, además está violentando la garantía de audiencia de los afectados, la juez del caso no dio fecha ni hora para llevar a cabo el lanzamiento, por lo que no medió notificación oficial.

Los afectados cuestionaron el despliegue de más de cien policías estatales con 40 patrullas, el arribo de cerca de 70 hombres embozados armados con herramientas, 20 ambulancias para el traslado de los 66 pacientes, entre adultos y menores de edad.

Insistieron que aún existen recursos legales que no se han agotado e incluso familiares de los pacientes han interpuesto recursos de amparo en contra de la reubicación de los pacientes, debido a que no se cumplen medidas de atención debidas para los enfermos.

Después de cerca de tres horas, responsables de la diligencia del desalojo, entre ellos un actuario, estimaron que no había condiciones para llevar a cabo la acción y optaron por retirarse.

Personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), también estuvieron atentos del desalojo, incluso llegaron con ambulancias oficiales.