El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la difusión de datos de periodistas adscritos a la fuente del Ejecutivo federal fue producto de un saqueo perpetrado por los mismos que hicieron lo de Guacamaya Leaks (el robo y filtración de millones de documentos de la Secretaría de la Defensa), y muy probablemente toda la red de Claudio X. González, el magnate que ha dedicado el sexenio a comprometer a los partidos opositores en un proyecto común de restauración neoliberal.

Horas después, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, comparecieron ante la prensa para explicar la extracción de los archivos que tuvo lugar el 22 de enero, pero se detectó hasta el viernes 26, cuando trascendió a los medios de comunicación que los datos estaban disponibles en línea.

De acuerdo con los funcionarios, 263 de los 309 periodistas que asisten a las conferencias matutinas del Presidente padecieron la sustracción ilegal de sus datos personales, extraídos de 186 credenciales de elector con domicilio completo, 63 pasaportes, un pasaporte ilegible, dos currículums, una licencia de conducir de Estados Unidos y una CURP.

Además, 10 documentos del Instituto Nacional de Migración y las fotografías de cuatro personas de quienes no aparece ningún dato. También informaron que la intrusión a la página de preproducción de la Presidencia se realizó desde una dirección IP ubicada en España, mediante la cuenta de un usuario que trabajó para el gobierno federal hasta hace dos años.

La divulgación de los documentos de los comunicadores que asisten a las mañaneras suscitó una comprensible preocupación, además de dar pie a varios señalamientos. Entre el sector más irracional de la oposición política y mediática se porfió en insinuar que la misma Presidencia entregó los datos, como una forma de agresión a los periodistas.

Queda claro que esta especie carece de cualquier asidero en la realidad, pues al gobierno no le reportaría ningún beneficio verse envuelto en un escándalo, y mucho menos tendría sentido que lo hiciera para exhibir información de trabajadores de medios que son quienes dan cobertura a las declaraciones oficiales.

Ante la imposibilidad de sostener esa versión contraria al sentido común, se ha denunciado indolencia e incluso ineptitud en el manejo de los sistemas informáticos del Ejecutivo. El hecho es que, de acuerdo con lo que puede colegirse de la conferencia de ayer en la tarde, apunta a que esta apreciación es correcta en la medida en que no se canceló de manera oportuna la cuenta de un ex trabajador y seguían activos el nombre de usuario y la contraseña de alguien que ya no tenía motivos laborales para ingresar a la base de datos, lo que debe ser una práctica institucional y corporativa de aplicación sistemática: anular las credenciales de acceso a quienes dejan el cargo o la función que justifica su uso.

Este episodio debe servir a las autoridades y a la sociedad para recordar la importancia de reforzar la ciberseguridad, y para cobrar conciencia sobre el hecho de que el robo de información se ha convertido en un negocio más, en el que hay agentes con los conocimientos necesarios para vulnerar las bases de datos, personas o grupos dispuestos a pagar por el acceso a ellas e incluso estamentos interesados en el golpeteo político.

En suma, es del mayor interés público evitar que se repita la divulgación de información en poder del Estado que carece de valor periodístico, en tanto no proporciona a la ciudadanía sobre alguna acción punible o antiética de los gobernantes, sino que únicamente genera desasosiego y afecta a las personas cuyos datos quedan expuestos.