Tal vez resulte una perogrullada recordar que la unión entre el dinero y la oligarquía construye un orden de dominación excluyente y totalitario. Su forma de ejercicio del poder es camaleónica y cambiante. Entre sus armas preferidas encontramos la corrupción, el fraude, el chantaje, el asesinato, la guerra o la mentira. Cualquier estrategia es válida, si con ello se consigue el objetivo: mantener el control sobre los procesos de toma de decisiones. Sin rubor, compran voluntades. Jueces, senadores, diputados, alcaldes o gobernadores están en sus nóminas. Asimismo, se entronizan en los medios de comunicación, las universidades, las confesiones religiosas, las fuerzas armadas y en la actualidad extienden sus redes a youtubers, influencers y cuanto personaje sirva a sus intereses. Con presencia en todas las instituciones, se asientan en el patriarcado, el control del capital financiero y especulativo. Son un conglomerado que se oculta bajo sociedades anónimas, consejos de administración, compañías trasnacionales. Nada les es ajeno a la hora de aumentar su poder. Actúan de manera sincronizada. En América Latina, en cuanto se sienten amenazadas –y no es diferente del resto del mundo occidental–, patean el tablero. Los ejemplos sobran, pero baste recordar cómo los empresarios y las oligarquías políticas brindaron su apoyo a Hitler en Alemania, y Mussolini en Italia. Nazifascistas eran los banqueros judíos. Primero sus intereses de clase.
Si nos adentramos en el presente, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos, son parte de su entramado, pero sólo la parte visible, su papel es testimonial, aunque ocupen el primer plano. No olvidemos. La democracia surge como forma política para equilibrar desigualdades y limitar el poder de las oligárquicas, enfrentada a terratenientes, aristócratas y castas privilegiadas, de ahí el carácter antidemocrático de las plutocracias. A nivel internacional, las plutocracias se protegen unas a otras, evadiendo tribunales de justicia, evitando sanciones en busca de la impunidad. Israel y el genocidio en Gaza, sin ir más lejos.
Pero veamos ejemplos en América Latina. En Guatemala, la justicia, en manos de la plutocracia, hace lo indecible por boicotear el gobierno legítimo de Bernardo Arévalo. Así, la Fiscal General, María Consuelo Porras, se niega a dimitir, desconoce la autoridad del Ejecutivo, y en una actitud sediciosa y golpista, se declara “insumisa”. En Brasil, el tribunal supremo electoral encabezado por Luis Roberto Barroso inhabilitó en 2018 la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva, abriendo el camino al triunfo de Jair Bolsonaro. En Perú, el golpe de Estado que acabó con el gobierno del presidente Pedro Castillo en 2022 puso en libertad, por orden del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023 al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. No menos, la inhabilitación de Manuel Zelaya en Honduras o del ex presidente Rafael Correa en Ecuador. La justicia está en sus manos, más allá de la existencia de jueces incorruptos. Y si vamos a Chile, el actual presidente Gabriel Boric, sigue la misma línea de actuación que sus predecesores, al desconocer la sentencia del Ciadi del Banco Mundial, obligando al Estado chileno a indemnizar al periódico Clarín. Boric declara al Estado chileno insolvente, perpetuando el control monopólico de la prensa chilena en poder de la plutocracia criolla. No digamos las nuevas alianzas con el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, las mafias de la inmigración, la trata de mujeres y los capitales oscuros, cuyo rasgo es ocultar los apellidos de los plutócratas, emergiendo en su lugar sociedades de capital riesgo, cuyo fin es proteger los nombres de quienes son los verdaderos dueños de más de la mitad del planeta. Baste subrayar los datos del último informe de Oxfam sobre desigualdad publicado en enero de 2024. “Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general milmillonario o a un milmillonario como su accionista principal. A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar servicios públicos y alimentar el colapso climático…”
Muchas son las formas del poder plutocrático. No sólo se expresa bajo un imaginario nazifascista. Los mecanismos de control social se ensanchan en medio del cibercapitalismo que avanza a pasos agigantados. Vivimos tiempos convulsos. La democracia pierde adeptos en pro de una defensa irrestricta de la propiedad privada y la seguridad individual. Las imágenes en El Salvador o Ecuador, con los presos comunes semidesnudos, arrodillados y sometidos por miembros de las fuerzas armadas con armamento de guerra son preocupantes. El apoyo a las políticas de militarización de los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, por parte de la población, constituye un punto de inflexión en el quehacer de las plutocracias.
El discurso de la seguridad se extiende, gana adeptos. Así, la democracia se deslegitima y se reactiva la vieja máxima: orden y progreso, refundando el Estado capitalista de la era digital. De esta manera, los discursos de odio contra los migrantes arraigan en las clases populares, y ahí anida la propuesta totalitaria de las plutocracias. Primero seguridad, luego ya veremos. ¿Derechos humanos? ¿Dignidad? ¿Justicia social? ¿Democracia? ¿Salud? ¿Impuestos? Por favor… seamos serios…
