San Cristóbal, Chis. El crimen organizado tiene una “incidencia importante” en las elecciones y ante el crecimiento de la problemática se presentará en la contienda actual, advirtió Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al dictar una conferencia magistral en Chiapas sugirió abrir “botones de pánico” para los candidatos acosados o en peligro.

“A muchos les advierten: ‘¿verdad que ya no vas a hacer campaña?, y se acabó, dejan de hacer campaña, algunos renuncian a la candidatura, dicen”.

Propuso también generar un banco de datos – y hacerlo público- sobre los candidatos locales y federales, con sus antecedentes; además, “bancarizar” todas las aportaciones a campañas, y generar la posibilidad de denuncias anónimas para abrir procedimientos sancionadores.

En principio, De la Mata solicitó a las autoridades electorales hablar del tema, afrontarlo, tomar el toro por los cuernos, y no esperar a que llegue a la Presidencia de la República una persona “empoderada” por la delincuencia.

Igualmente, ir más allá de los protocolos o mapas de riesgo que si bien son útiles deben complementarse con “filtros” de investigación de los candidatos para evitar, como ocurrió en Colombia.

“Dije no falta mucho, ¿me doy a entender? Es decir, no está pasando seguramente ahora, pero pues ¿alguien puede asegurar que para 2030 no suceda? En Colombia pasó, hay que recordarlo: Pablo Escobar quería ser Presidente de Colombia, pudo serlo, ¿se imaginan”.

“Tenemos un problemón, un problemononón”, expresó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al impartir la conferencia magistral “Elecciones y crimen organizado, el gran elefante en el cuarto”.

Si bien reconoció que las autoridades electorales tienen límites frente a este reto, propuso aplicar medidas adicionales, dentro del marco legal actual, y pensar en reformas para operar, por ejemplo, votaciones anticipadas y campañas digitales en los sitios con alta peligrosidad.

Subrayó que no es una novedad la incidencia del crimen organizado y/o violencia en las elecciones en México.

Citó la elección, en 1997, en Las Margaritas, Chiapas, en la cual la Sala Regional aplicó la nulidad por la quema de urnas y la imposibilidad de instalar 102 casillas, frente a personas que evitaron la recepción de la votación, mientras que la Sala Superior la validó.

Otro asunto histórico, añadió De la Mata, fue el identificado como ‘Hombres de negro en Torreón’, donde había un comando acosando a las personas para que no votaran; los comicios en un distrito fueron anulados.

En 2010, en la elección de gubernatura en Veracruz, hubo un “agravio directo” de un grupo del narcotráfico para que no se instalaran casillas, aunque tomando en cuenta el antecedente en Las Margaritas, la Sala Superior validó la elección. Luego, en Nahuatzen, Michoacán, la autoridad local decidió instalar las casillas en el municipio colindante bajo la sospecha de que un grupo armado impediría la instalación.

Recientemente, en Puebla, se demostró la violencia en algunas casillas, por incidencia del crimen organizado; sin embargo, se tomó la decisión de validarla.

El magistrado hizo referencia a otras prácticas nuevas como el “secuestro” de urnas en la elección de la gubernatura en Aguililla, Michoacán, porque temprano se las llevan y a las seis de la tarde las devuelven llenas, con todo y actas. Ahí la Sala Superior sí anuló la votación de cuatro municipios.

Entonces, añadió, frente a estos episodios ¿qué debe hacer la autoridad electoral?

Entonces el INE tomó acciones que ahora resultan insuficientes: firma de convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y electorales, así como la creación de mapas de riesgo.

Por otra parte, consideró necesario que en los sitios donde haya problemas de crimen organizado las elecciones las haga el INE.

Señaló que para afrontar el problema es necesario romper los paradigmas electorales que datan de los años 80 y 90; para algunos temas se requiere reforma legal y para otros, no.

Insistió en que no es un problema de una sola autoridad, pero sí debe haber acciones preventivas como ocurrió en Nahuatzen.

“Nadie está diciendo que el INE ahora debe crear la guardia electoral y salir a la calle a generar paz social, no. Lo que estoy diciendo es que la autoridad electoral debe darse cuenta cuando se encuentra ante un factor de altísimo riesgo de que esto pase y prever”, dijo.