La respuesta de la gobernadora de Chihuahua al cuestionamiento de los reporteros no fue el resultado de un complejo análisis de la situación de criminalidad que vive el estado. Más bien fue la expresión de la frustración provocada por una “estrategia” –y me estoy arriesgando mucho– para combatir el delito, que no lo ha disminuido, aunque genere muchas ganancias para pocos.

“¡Que no se haga pendejo!”, espetó María Eugenia Campos, refiriéndose al presidente López Obrador, irritada ante la manifestación de la comunidad Le Barón, afuera del palacio de gobierno, demandando la libertad de dos de sus miembros que permanecían plagiados, luego del secuestro de cuatro de ellos el domingo 21 en El Largo, municipio de Madera.

Con esta florida respuesta, la primera mandataria de Chihuahua trató de quejarse de que “el gobierno federal es omiso, si no es que decir pendejo” de la situación del estado de Chihuahua. Según ella, puesto que se trata de delitos del fuero federal, “el gobierno federal y el Presidente de la República deben abrir los ojos de lo que está pasando en el estado de Chihuahua”.

Esta declaración, que, de haberla vertido un hombre contra ella, ya estaría siendo acusado de violencia política, lo que demuestra es la desesperación de la gobernadora ante la tozudez de la violencia criminal en todo el estado y lo ineficaz de sus acciones para enfrentarla.

La contundencia de los datos no deja duda: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos dolosos en el estado de Chihuahua durante todo 2022 ascendió a mil 974; mientras, en 2023, a 2 mil 72.5 por ciento más. Esto hace que Chihuahua figure como el cuarto estado con más homicidios el año pasado, detrás de Guanajuato, (3 mil 104 casos), estado de México. (2 mil 597) y Baja California (2 mil 417). Un año antes, Chihuahua había figurado en el sexto lugar, abajo también de Michoacán y Jalisco.

Ciudad Juárez sigue siendo la segunda ciudad más violenta del país, pero también los homicidios están aumentando en zonas como Cuauhtémoc, el norte del municipio de Chihuahua, vastas zonas de la sierra, como la de El Largo Maderal; se ha incrementado el huachicoleo, se multiplican las denuncias de asaltos en las carreteras como en la vía corta Chihuahua-Parral, por señalar lo más relevante en las últimas semanas.

La impunidad rampante viene a agravar el panorama en Chihuahua: el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez acaba de manifestar su preocupación por la impunidad que impera en esa frontera: de los mil 169 homicidios dolosos acaecidos durante 2023 hubo sólo 37 sentencias condenatorias, con 47 sentenciados que corresponden a 39 víctimas: una tasa de impunidad que raya en 97 por ciento (Diario de Juárez, 23/1/24, noticia de Mayra Selene González).

Sin embargo, no hay estrategia o estrategias de parte del gobierno de estado para enfrentar la violencia criminal en Chihuahua. Aunque la gobernadora se queja de las omisiones del gobierno federal, ella misma falta continuamente a las reuniones de la mesa de seguridad, donde concurren autoridades federales, estatales y municipales para compartir información, analizar la situación y diseñar acciones conjuntas.

Tampoco existe estrategia alguna para atender a los jóvenes en riesgo, aunque alrededor de 10 por ciento de las personas asesinadas son menores de edad y cada vez más pasan a integrar las filas de los grupos criminales. No hay una política clara de juventudes destinada a brindarles cuidados, educación, salud, deporte y cultura.

Además de culpar al gobierno federal, lo que ha venido haciendo el gobierno de Chihuahua para construir la seguridad ciudadana es gastar dinero en un proyecto unidimensional, miope y muy caro: la Plataforma Centinela. Ya hemos hablado en estas páginas: una torre y una serie de construcciones dotadas de cámaras, arcos detectores y dispositivos de vigilancia que tiene un costo de 4 mil 710 millones de pesos que están siendo pagados a la empresa Seguritech sin mediar licitación alguna.

El pago de esta plataforma es lo que ha ido incrementando muy significativamente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública: en 2023, esta dependencia ejerció 2 mil 890 millones de pesos, casi el doble de lo ejercido en 2022. Para 2024, el presupuesto aumentará hasta llegar a 5 mil 186 millones de pesos (noticia de Zona Free, 23/1/24).

Muchos millones y pocas y vanas nueces: casi el doble del presupuesto y, en cambio, incremento del número de homicidios dolosos a razón de 5 por ciento anual y tasas de impunidad de 97 por ciento. Con resultados tan frustrantes, a cualquiera le daría por pendejear.