Washington. Peter Navarro, un funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump y quien fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación congresual sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, fue sentenciado el jueves a cuatro meses de prisión.
Fue el segundo asistente de Trump condenado por desacato a los cargos del Congreso, después del ex asesor de la Casa Blanca Steve Bannon, quien también recibió una sentencia de cuatro meses pero sigue en libertad mientras se resuelve una apelación.
Navarro fue declarado culpable de ignorar una citación para entrega de documentos y para declarar ante la comisión de la Cámara de Representantes del 6 de enero. Fungió como asesor comercial de la Casa Blanca bajo el gobierno de Trump y posteriormente promovió las afirmaciones infundadas del republicano sobre fraude electoral masivo en las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.
El juez federal de distrito Amit Mehta dijo a Navarro que era una “desfachatez” de su parte afirmar que aceptaba la responsabilidad de sus actos y al mismo tiempo sugerir que su enjuiciamiento tenía motivos políticos.
“Usted no es una víctima. Usted no es objeto de un enjuiciamiento político”, dijo el juez. “Estas son circunstancias que usted mismo creó”.
Navarro ha prometido que apelará el veredicto, afirmando que no podía cooperar con la comisión porque Trump había invocado el privilegio ejecutivo. Sin embargo, el juez le prohibió presentar ese argumento en el juicio, al considerar que no demostró que Trump realmente lo hubiera invocado.
Navarro dijo en la corte antes de su sentencia el jueves que la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto del 6 de enero le había hecho creer que aceptaba su invocación del privilegio ejecutivo.
“Nadie en mi posición debería verse en conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo”, le dijo al juez.
Mehta señaló que hacer valer el privilegio ejecutivo no es “polvo mágico para evitar un deber”.
“No es una tarjeta para salir libre de prisión”, añadió el juez.
