Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público extendió beneficios fiscales a Petróleos Mexicanos (Pemex) para darle liquidez. Será hasta el 26 de febrero que la petrolera del Estado tiene de plazo para entregar sus pagos por derecho de utilidad compartida, y los derechos de extracción de hidrocarburos que están pendientes desde octubre del año pasado, sin que se tomen como una entrega extemporánea y den pie a algún tipo de sanción monetaria.

El decreto, publicado de manera oficial el 24 de enero, explica que el beneficio consiste en dar flexibilidad a Pemex para que realice sus pagos provisionales a cuenta del pago anual –en el caso del derecho por utilidad compartida–; y pagos mensuales en el caso del derecho por extracción de hidrocarburos.

La dependencia argumenta que es necesario otorgar a Pemex “un diferimiento y establecer un calendario de pagos, por concepto de los pagos provisionales a cuenta del derecho anual por la utilidad compartida, así como de los pagos mensuales del derecho de extracción de hidrocarburos, ambos devengados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como establecer que dichos pagos serán considerados como realizados en tiempo y forma”.

No es el primer decreto que se extiende en el mismo sentido a la compañía. Ya se habían publicado medidas similares en esta administración desde el 28 de diciembre de 2020. Ahora, el 100 por ciento de las obligaciones de la compañía durante el último trimestre del año pasado, se podrán pagar a más tardar el 26 de febrero de 2024.

Sobre Pemex hay una deuda financiera de 106.8 mil millones de dólares, de acuerdo con lo declarado por el director de la compañía, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia matutina de Palacio Nacional el 4 de enero. No obstante, este año la compañía debe cubrir tiene vencimientos por 10 mil 900 millones de dólares.

Hacienda ha buscado dar apoyo a la compañía, a través de capitalizaciones por 806 mil millones de pesos y una reducción en la carga tributaria –a través de la tasa de derecho de utilidad compartida, que ha pasado de 65 a 30 por ciento en el sexenio–, así como ampliaciones de plazo para que se entreguen las contribuciones.