La victoria parcial conseguida por México el lunes en la corte de apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, es la primera conseguida por los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los casos que tienen abiertos para responsabilizar a los fabricantes y vendedores de armas estadunidenses de los efectos que sus mercancías y prácticas negligentes tienen en la crisis de violencia en suelo mexicano.

En Massachusetts, México abrió en 2021 un litigio en el cual acusa directamente a los fabricantes de armas; en Arizona abrió otro en 2022 contra vendedores y distribuidores de armamento, en un caso que se reanudará el 22 de febrero; en tanto, también en 2022 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) una opinión sobre las afectaciones a las garantías individuales que tienen las prácticas negligentes de productores y comercializadores de armas de Estados Unidos.

La corte en Massachusetts determinó que el gobierno de México puede proceder con su primera demanda, la que emprendió contra ocho empresas estadunidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que saben que serán exportadas ilegalmente a México, donde contribuyen directamente a la violencia.

Con la denuncia, México busca una indemnización de 15 mil millones de dólares por los estragos provocados por lo que considera prácticas comerciales negligentes de las empresas Smith & Wesson Brands Inc, Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock Inc; Sturm, Ruger & Co; Century International Arms Inc y Witmer Public Safety Group.

En lo que toca a la segunda demanda, la semana pasada la corte de distrito para Arizona notificó a la SRE que el 22 de febrero se celebrará la audiencia con el fin de presentar alegatos orales ante la jueza Rosemary Márquez.

En esta segunda demanda, que se encuentra en etapa de apelación, México centra sus acusaciones en la negligencia de puntos directos de venta de armamento.

El litigio en Arizona fue interpuesto por el gobierno mexicano en octubre de 2022 contra Diamondback Shooting Sports Inc (Tucson), SNG Tactical LLC (Tucson), Loan Prairie LLC conocida como The Hub Target Sports (Tucson), Ammo A-Z LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports Inc (Yuma).

Otro frente en la Coridh

En tanto, con el tercer caso, que fue presentado en noviembre de 2022 ante la Coridh, el Estado mexicano busca obtener una guía con respecto a la forma en que la Convención Americana protege a las personas frente a la violencia armada, con énfasis en la protección frente a las prácticas de la industria de las armas, que en muchas ocasiones se mantienen en la impunidad debido a la falta de recursos efectivos para buscar la reparación de los daños.

En noviembre pasado y en el marco de su 156 periodo ordinario de sesiones, la Coridh convocó a las partes interesadas a presentar observaciones sobre la solicitud de México. Se espera que el organismo internacional se pronuncie en los próximos meses.