Ciudad de México. La ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, destacó en la Cámara de Diputados: “Llegamos al quinto año de mi gestión, con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

Al presentar su último informe de labores, resaltó ante diputados y senadores que en 2023 “logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas”.

Insistió que han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, “absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”.

Explicó que esa ha sido la razón “por la que impulsamos nuestra reforma, porque padecimos ese acuerdo, y por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde, a las necesidades del pueblo mexicano”.

Piedra Ibarra aseveró “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia. Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus 6 armas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores. De la presidenta y de ningún alto mando de la CNDH en mi gestión podrán decir que gana más que el Presidente de la República”.

La titular de la CNDH sostuvo: “concluimos la transformación interna que nos propusimos. Como no se nos puede descalificar con hechos, se nos pretende denostar a base de mentiras, pero la verdad es que somos un organismo menos costoso y más eficiente, donde la corrupción se combate y se sanciona”.

En esta administración, apuntó la ombudsperson, se han tenido que combatir las prácticas inerciales que sobrevivían de la antigua CNDH, prácticas creadas para ocultar una estrategia perversa: la caracterización de los perpetradores como defensores de derechos humanos, lobos con piel de ovejas.

En el caso de la CNDH, “sostenemos que desde su creación sólo está capacitada legalmente para emitir “Recomendaciones”, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad, algo que contradice lo que desde 2011 mandata el artículo 1º de la Constitución y es la fecha que no se cumple; pero además, la mantiene estancada en las acciones reactivas, cuando lo más importante en un país como México es prevenirlas.

La mayor prueba de su ineficacia y obsolescencia , destacó la titular de la CNDH, “es que la causa que le dio origen: desentrañar la verdad y hacer justicia respecto a los crímenes de Estado de la llamada "guerra sucia”, no los pudo resolver y ni siquiera reparar. A mi madre y a las madres y hermanas del Comité Eureka les ofreció Carlos Salinas la creación de la CNDH para atender sus demandas, y las demandas de cientos de víctimas de desaparecidos, pero todo fue una burla sangrienta”.

Aseguró que al inicio “de mi presidencia, recibimos 508 Recomendaciones sin cumplimiento. La más antigua, la de la ‘ Guerra Sucia´ que fue emitida en 2001. No sólo estamos trabajando en su cumplimiento, sino que emitimos una nueva para resarcir sus omisiones. En el Caso Ayotzinapa, cuya recomendación, data de 2018, fue reclamada por las madres y padres de las víctimas, estamos integrando un nuevo proyecto de recomendación”.

Con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recalcó, este año “continuamos con la integración del expediente de la queja presentada en 2021 por los padres y madres de los desaparecidos, documentando los nuevos hechos y elementos del caso. Hemos acudido a todas las instancias involucradas o que podían aportar información. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni siquiera contestaron nuestras peticiones acerca de los documentos que según dos de sus expertos, se les estaban ocultando en detrimento de la investigación, gracias al apoyo de los propios familiares, identificamos aquellos que eran motivo de sus dudas, y hemos requerido a la Sedena para tener respuestas, encontrando en ella total apertura para la consulta de todos sus archivos.