Xalapa, Ver. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debe responder por el abuso policiaco que enlutó a una familia en el municipio de Lerdo de Tejada, dijo José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, y quien vivió en carne propia el abuso del poder por parte del gobierno de Veracruz.

Del Río Virgen señaló que el caso de Brandon Arellano –asesinado por policías– alcanza al mandatario estatal por desestimar las denuncias de los atropellos policiacos que se habían hecho con anterioridad. Pero también por impulsar reformas a los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones, que otorgó a los malos policías el poder de fabricar delitos.

Antes del homicidio de Brandon Arellano, los habitantes de Lerdo de Tejada le habían reclamado al gobierno de Cuitláhuac García los abusos de la policía, desde hace mucho tiempo, “pero su gobierno omitió darles atención, permitiendo que los abusos continuaran, lo que trajo como consecuencia el homicidio de un joven sano, a mano de malos policías”, dijo Del Río Virgen.

Pero el funcionario del Senado, a quien el gobierno de Cuitláhuac García acusó sin pruebas de participar en el crimen de Remigio René Tovar Tovar, candidato de MC a la presidencia de Cazones, consideró que la responsabilidad del gobierno de García Jiménez no solo es por omisión. También lo es por tolerar los abusos policiacos, al promover reformas que endurecieron los delitos ultrajes a la autoridad y el delito contra las instituciones, lo “que otorgó a los malos policías el poder de fabricar delitos con sus falsos testimonios, para encarcelar inocentes”.

En lo ocurrido en Lerdo de Tejada, el gobierno de García Jimenez también suma responsabilidad si se consideran los enjuagues políticos que tienen comprometida la gobernabilidad del municipio. Ahí, Jorge Fabián "N", ganó las elecciones a la alcaldía de Lerdo, pero no pudo asumir funciones porque la Fiscalía de Veracruz lo detuvo por secuestro en diciembre del 2021. Luego, cuando ya todo se preparaba para que Ángel “N”, suplente de Jorge Fabián, tomara su lugar, la Fiscalía de Veracruz volvió a intervenir, y lo detuvo por el delito de extorsión.

Así fue como María Esther Arroniz, quien estaba en la planilla como síndica única, asumió la administración el 1 enero de 2022. Esther Arroniz es quien actualmente hace funciones de presidenta municipal, pese a que ha vencido el periodo de 90 días, que le permite la ley.

El congreso de Veracruz, que es la instancia que debería dar certeza jurídica a los habitantes, permanece inmóvil, indolente.

Pero no solo eso, la deuda de García Jiménez con los pobladores de Lerdo se ensancha si se considera también el rezago económico y la falta de empleo que predomina en la localidad, y que él prometió que iba a revertir. En marzo del 2021, Cuitláhuac García llegó hasta Lerdo, y de frente a sus habitantes anunció la rehabilitación del ingenio “San Francisco El Naranjal”, y habló con profundidad de cómo se generarían empleos y se acabaría con la pobreza. Se ufanó de que sería el mejor ingenio de América Latina, y que estaría dedicado a la producción de alcohol.

Pero a unos meses de que Cuitláhuac García deje el cargo, su promesa se desvanece. El ingenio está desmantelado, sin operar, y los habitantes de Lerdo sin empleo.

Este lunes, acorralado por los periodistas que le preguntaban por la ola de violencia registrada el fin de semana en Veracruz, Gracía Jimenez comenzó una disertación, que pronto pasó de las promesas de justicia para Brandon Arellano, a un discurso victimizante, en donde volvió a aludir el encarcelamiento del secretario técnico del Senado.

Dueño del micrófono y arropado por los funcionarios de su gobierno, García Jiménez revivió aquel episodio de diciembre del 2021, cuando su gobierno lo acusó de participar en el crimen de Remigio René Tovar Tovar, candidato de MC a la presidencia de Cazones. Y a pesar de que el caso se cayó en las instancias judiciales por falta de pruebas y terminó en una recomendación de CNDH contra su gobierno, lo enumeró como ejemplo de combate a la impunidad y de buen ejercicio de la justicia.

Del Río Virgen, ex diputado federal (2006-2009) y ex presidente municipal de Tecolutla, no dejó pasar las declaraciones de Cuitláhuac García. Y como alguien que ha vivido el abuso de poder, le recordó al mandatario veracruzano que su responsabilidad es enfocarse en atender temas relevantes, como el de Lerdo de Tejada.

“Garantizar Justicia no es un discurso, ni perseguir a quienes nos critican”, dijo el secretario técnico del Senado de la República, quien cuestionó al gobierno de Cuitláhuac García de hablar querer habla de justicia, cuando en Veracruz se acumulan los casos de secuestro, periodistas asesinados, feminicidios, el menosprecia a las madres buscadoras y no se atiende el reclamo de abusos por parte de las autoridades.

Del Río Virgen señaló que como un simple ciudadano, al igual que miles de familias veracruzanas, sufrió el abuso de poder de los policías, ministerios públicos y jueces locales, y que tuvo que luchar hasta que el Poder Judicial de la Federación le devolviera su libertad.

“El Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito, fueron contundentes: yo no tuve nada que ver en el delito que me fabricaron”, señaló. Y reiteró que su encarcelamiento tuvo lugar porque fue víctima de un proceso legal basado en el odio, por denunciar la ineptitud y corrupción del gobierno de Cuitláhuac García.

“Por señalar en voz alta la inconformidad de los veracruzanos, asumí con mi propia libertad las consecuencias de enfrentar al estado arbitrario”.

Del Río Virgen dijo que por su caso, la CNDH emitió la recomendación 59/2022, en la donde determinó que la Fiscalía del Estado de Veracruz vulneró su derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, “al realizar una deficiente valoración de pruebas, desestimando la verdad de los hechos y pretendiendo crear una variante paralela a la realidad, abusando de sus facultades y del ejercicio de poder”.

En esa recomendación, la CNDH pidió al gobierno de García Jiménez colaborar ampliamente en las denuncias que la CNDH interpusiera en contra de los policías ministeriales y la fiscalía investigadora que violaron mis derechos.

Del Río Virgen, que tras su injusta aprehensión echó andar el Proyecto Inocencia para defender a las personas inocentes que han sido encarceladas, mencionó que la negativa del gobierno de García Jiménez de aceptar la recomendación de la CNDH es una muestra clara de que en Veracruz prevalece la impunidad que cubre a policías, ministerios públicos y jueces, “mientras obedezcan órdenes del Estado, por ilegales que sean, nada los toca”.