Ciudad de México. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la determinación de liberar a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene “razones estrictamente políticas”, pues el Poder Judicial muestra una “deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército”.

Al fijar su postura tras el fallo de la jueza federal y de un tribunal colegiado para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho soldados acusados, el gobierno federal subrayó: “No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.

Agregó que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Al enumerar varias determinaciones judiciales que diversos jueces han tenido en favor de acusados de los crímenes contra los normalistas, el gobierno federal enfatizó que con estas decisiones se ha causado un daño inconmensurable, y se han minando los cimientos de la verdadera procuración de justicia.

“El gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad”.

A través de un comunicado, y luego que esta tarde el presidente López Obrador recibirá en Palacio Nacional a funcionarios que atienden el caso Ayotzinapa, su administración planteó que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia.

“Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N” (Zerón de Lucio), actualmente prófugo en Israel”.

Remarcó que integrantes de ese poder también “intentaron dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares. “Lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del gobierno de México”.

El gobierno de López Obrador señaló que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado”, por lo que adelantó que pedirá a la FGR que solicite la revisión de las medidas cautelares en favor de los militares acusados, “tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.

Agregó que solicitará a la Fiscalía que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.

“El gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”.