Ciudad Juárez. Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación ordenó la reinstalación de la juez del Juzgado Décimo de lo Familiar en el Distrito Morelos, de la capital del estado, Alejandra Martínez Rosales, misma que fue dada de baja desde el 2021.

La jueza ganó un proceso judicial contra del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que se había negado a reinstalarla con el argumento de que no cumplía los requisitos para seguir en el cargo.

Rodolfo Villalobos Rosal, abogado de la jueza dijo en conferencia de prensa que ya habían ratificado a los jueces y tres no, entre ellos la licenciada Aurelia Alejandra Martínez Rosales, por lo que interpuso juicio de amparo y el pasado mes de diciembre, quedó firme la sentencia donde se ordena la reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios caídos, por el periodo que comprende desde la no ratificación hasta la reinstalación en el Juzgado Décimo Civil por Audiencias.

La jueza Martínez expresa que “su no ratificación estuvo basada en faltas a audiencias orales, las cuales estaban justificadas de manera previa”.

Explicó en la conferencia de prensa que al no ser ratificada fueron dados a conocer una serie de motivos que afectaron su imagen ya que la versión difundida fue en el sentido que no cumplía con los requisitos y no era honorable.

Martínez Rosales argumentó que busca limpiar su nombre, dado que durante el proceso y a la hora de anunciar la decisión, la presidenta del Poder Judicial, Miriam Hernández, solo hizo señalamientos que dañaron la imagen de la juzgadora.

Algunas de las causas argumentadas para no ratificarla era que no reunía los requisitos de la Constitución Federal, Local y Ley Orgánica del Poder Judicial para ejercer la función; además de no contar con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional; carecer de atributos para ejercer el cargo por la conducta demostrada como jueza; tener una conducta contraria a los principios del juzgador, como carecer de diligencia, tener poca honestidad y poca honorabilidad, tener nula excelencia profesional, ejercer eficientemente sus funciones jurisdiccionales e incumplir con la función social de impartir justicia de forma pronta, completa e imparcial.

Decidió interponer un amparo en contra de la no ratificación del Consejo de la Judicatura, ya que ninguno de los argumentos presentados se constituía como una razón o motivo para no ratificarla.

Menciona que tenía una queja por hostigamiento laboral, la cual se resolvió en diciembre, demostrando que la jueza jamás hostigo a nadie, por lo tanto, el Consejo no ejerció acción de responsabilidad, por lo que el pasado 15 de enero de 2024 se le notificó la resolución.

El amparo fue resuelto en julio del 2022 por el Juzgado Quinto de Distrito, de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, quien determinó concederle el amparo por vicios de forma, para el efecto de que el Poder Judicial emitiera una nueva resolución.

El proceso siguió y finalmente, en diciembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, con residencia en Chihuahua, determinó en definitiva resolver que el Consejo de la Judicatura se pronunció de forma extemporánea respecto a su ratificación y determinó que las razones por las cuales no fue ratificada no eran graves ni motivo para no ratificar a una jueza.