En América Latina están operando una serie de transformaciones de las cuales Ecuador no es una anomalía, sino una expresión acelerada y exacerbada. Una nueva oleada de neoliberalismo se impone en la región con amplios y profundos procesos de extractivismo y desposesión. Ya no sólo se trata de extraer recursos naturales, sino de diversificar las formas de obtener ganancias.
Por un lado, se crean nuevas formas de desposesión a través de la desregulación del trabajo que promueve la superexplotación y la conversión de garantías sociales –como la salud y la educación– en mercancías; por otro lado, proliferan negocios ilícitos como la minería ilegal, tráfico de migrantes, extorsión o el tráfico de droga que funcionan de manera transnacional, por ello los vínculos con cárteles mexicanos y la mafia albanesa. Ecuador, que ha pasado de ser un territorio de tránsito a ser un punto de distribución, está ubicado de manera estratégica en las nuevas rutas de la droga: cerca de los mayores productores (Colombia y Perú) y con facilidades de acceso a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Las actividades del narcotráfico en Ecuador operan dentro de la lógica del capitalismo y, además, dentro de los circuitos del capital. Se sabe hasta el momento que están ligados a la minería y la exportación de plátano y que están integrados a mercados financieros o inmobiliarios a través del lavado de dinero. Las ganancias de la banca durante los últimos años han sido enormes, a pesar de que la economía ecuatoriana no ha logrado recuperarse de la crisis por covid-19.
Las nuevas formas de desposesión y los negocios ilícitos requieren de la violencia para establecer las reglas de la reproducción del capital y de gobernanza sobre territorios y poblaciones. La violencia espectacularizada –tanto por los grupos criminales como por el Estado– que observamos durante la segunda semana de enero en Ecuador pone de manifiesto una disputa territorial y el control sobre las personas que todavía no se ha definido. Una disputa que no puede ser ilustrada como grupos criminales contra el Estado. Los casos “Encuentro” y “Metástasis” dan cuenta de los vínculos de los grupos criminales con la policía, instituciones estatales, órganos de justicia, políticos, medios de comunicación, incluso con el círculo cercano del ex presidente Guillermo Lasso. Acertadamente, el investigador Luis Córdova ha señalado a propósito del caso Metástasis: “Si Ramírez trabajaba para Los Lobos, ¿qué general trabaja para Los Choneros?”
Recordemos que justamente el escape de una prisión de Ecuador de Fito, líder de Los Choneros, fue el evento que detonó el ciclo de violencia de inicio de año. Esta fuga no pudo ser posible sin acuerdos con altos mandos que están a cargo de la seguridad en el país.
Estas transformaciones en curso van reconfigurando el Estado, no se trata de un achicamiento del Estado a secas. Lo que vemos es el desarrollo de un Estado securitario que retrocede en sus funciones de garante de derechos humanos y se fortalece en sus funciones represivas. Este proceso no ha sucedido de la noche a la mañana, en los últimos años la agenda de seguridad ha logrado imponerse sobre la de justicia social; la figura de terrorismo y la del enemigo interno han sido reactivadas para señalar a las movilizaciones populares y las iniciativas por militarizar la sociedad ya llevan varios intentos.
Los últimos eventos han catalizado los distintos procesos en curso y han sido la coartada perfecta para la declaratoria de un conflicto armado interno. Con ello se establece un estado de guerra que en la práctica está permitiendo la implementación de reformas que en otras circunstancias no habría sido posible, se incrementa el control de la población –que aterrorizada está dispuesta a entregar cualquier margen de libertad a cambio de seguridad–, se nos advierte que las respuestas a los conflictos no serán de orden político sino militar, que el presupuesto del Estado irá prioritariamente a la guerra y no a la inversión social y aunque se dice que el enemigo a neutralizar y eliminar es el narcotráfico, lo que vemos es la exacerbación del perfilamiento racial: detenciones de jóvenes pobres y racializados que son humillados para montar un teatro bajo el guión de “mano dura”.
La declaratoria de un conflicto armado interno deja en entredicho la soberanía del país, pues acepta que no controla la integridad del territorio. Casi se pide a gritos una intervención. De hecho, tras los acuerdos de cooperación de seguridad firmados con Estados Unidos –que en las palabras del ex presidente Guillermo Lasso es “lo más cercano” al Plan Colombia–, se están implementando varias medidas, entre las que se incluyen privilegios e inmunidades al personal estadunidense que estará trabajando en Ecuador.
Los problemas que vive Ecuador también están presentes en el resto de la región; sin embargo, fue en el paralelo cero que encontraron las condiciones perfectas para proliferar en sus máximas expresiones. *
*Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM
