Buenos Aires. Al comenzar la semana más difícil que enfrenta el cada vez más polémico presidente, Javier Milei, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) solicitó participar del debate de la llamada ley ómnibus impulsada por el mandatario, que se discute en la Cámara de Diputados, y se informó que suman ya más de 20 mil firmas de los más importantes artistas, entre ellos Charly García y Fito Paéz, en defensa de la cultura y contra las iniciativas del mandatario ultraderechista.
Una misión del ACNUDH encabezada por Xavier Mena, se reunió recientemente con los ministros del Exterior, Diana Mondino, de Justicia Mariano Cúneo Libarona, de Seguridad, Patricia Bullrich y otros como el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
Hubo varias presentaciones ante este organismo por la grave situación que se vive en el país y ante estas demandas, los enviados del organismo de Naciones Unidas recogieron inquietudes y denuncias con distintas organizaciones, especialmente sobre el tema de seguridad.
La preocupación surge por el protocolo de Seguridad que presentó Bullrich tratando de criminalizar las protestas que sabía iban a suceder ante lo que se preparaba en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), del pasado 20 de diciembre, que significa derogar o modificar más de 300 leyes constitucionales, fundamentales para la soberanía y los derechos que protegen al pueblo argentino.
El rechazo del DNU, a lo que se añadió la ley ómnibus (27 de diciembre) fue la gota que desbordó el vaso, precisamente en el capítulo de seguridad, que pretende limitar el derecho a la protesta.
El presidente del bloque de diputados de la peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, quien exigió que el ACNUDH participe en el debate en el Cngreso, informó que el representante regional de ese organismo , Jan Jarab, envió una nota a los presidentes de tres comisiones que fueron decididas, sin incluir como correspondía, a la primera minoría, solicitando exponer en forma virtual sobre la ley ómnibus. “Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato –esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos”, señala Jarab en la nota.
La semana pasada, varios organismos recibieron presentaciones de las centrales sinidicales y movimientos sociales bajo la coordinación del Centro de Estudios Legales y Sociales reclamando por las multas millonarias que les intenta cobrar Bullrich por la multitudinaria marcha del pasado 27 de diciembre.
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