Chetumal, Q.Roo. Las investigaciones por el paradero de los 1080 millones de pesos que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (DHC- Aguakán), entregó como prestación para duplicar su período de concesión en cuatro municipios de Quintana Roo, podrían derivar en procesos penales, advirtió la Secretaria de Gobierno Cristina Torres.
Por su parte, el diputado Humberto Aldana indicó que entre las inconsistencias de la empresa está el faltante de 5 millones de pesos que dejó de invertir en cinco años, mismos que estaban contemplados dentro del contrato de concesión que se amplió en el 2014.
Cristina Torres dijo que el gobierno lleva a cabo una investigación interna, pues al parecer la contraprestación que otorgó Aguakán para ampliar su concesión por otros 30 años en el municipio de Benito Juárez e incluir a Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, todos en ubicados en la zona norte del estado, no llegaron al destino correcto.
Comentó que representantes de Aguakán han dicho que entregaron el recurso ante una instancia que no tenía ninguna relación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Dijo que las investigaciones podrían derivar no sólo en un proceso administrativo, sino otro penal, que está totalmente al margen del proceso penal que ya interpuso el gobierno ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto fraude procesal.
La secretaria de gobierno llamó a los quintanarroenses a confiar en sus autoridades, quienes están haciendo todo lo legalmente posible para que cumplir con el mandato legal de que los ciudadanos tengan un adecuado servicio de agua potable.
En entrevista aparte, el diputado por Morena, Humberto Aldana, informó que la primer audiencia incidental para desahogar el amparo promovido por Aguakán se reagendó, pues inicialmente estaba prevista para el 4 de enero, pero no fueron notificados.
Sostuvo que el departamento jurídico de congreso del estado sigue en la revisión del expediente, de donde continúan saliendo irregularidades, como el que la concesionaria tenía cinco años sin invertir un millón de pesos, cada uno, que estaban comprometidas, lo cual consta en los mismos montos anunciados y en las misivas que directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), le enviaban para recordar la inversión pendiente.
