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La Megafarmacia del Bienestar contribuye al ahorro de recursos públicos en beneficio de los usuarios de los servicios de salud del gobierno. Foto José Antonio López
20 de enero de 2024 08:46
Todos alineados cuando estaba activo el multimillonario cártel de las medicinas –que sangraba al erario y en el que participaban políticos de altos vuelos que, oficialmente, nada tenían que ver con ese sector (aunque de ellos dependían los jugosos contratos con el sector público)–, pero ahora se rasgan las vestiduras porque el gobierno decidió quitarle el negocio a esa pandilla mafiosa, ahorrar una enormidad de recursos públicos en beneficio de los usuarios de las instituciones de salud del Estado y poner una megafarmacia en funcionamiento.

Es entendible el cambio de ánimo, pues se les acabó el jugoso negocio a costillas de la nación. En cambio, el Estado ha recuperado miles de millones de pesos que hasta hace algunos años colmaban las alforjas de esos pandilleros y jilgueros, aunque, como lo señaló ayer el presidente López Obrador, ha sido un proceso complejo: estaban tirados los hospitales y una gran corrupción en todo el sector salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Eso es lo que sucedía y ese es el origen de todos los ataques, la campaña para mostrar que no hay medicamentos y que no está funcionando el sistema de salud, que era mejor antes, según dicen.

¿Y por qué era mejor antes?, según la versión de la pandilla y sus corifeos. “Por esto: 10 empresas vinculadas a políticos (entre ellos Manlio Fabio Beltrones, que ha salido del sarcófago en busca de una senaduría; Emilio Gamboa Patrón y Roberto Madrazo) vendían 80 por ciento de todo lo que compraba el gobierno, ni siquiera laboratorios; 303 mil millones de pesos y las 10 empresas se llevaban 241 mil millones. Era una red y estaba desde luego vinculada a políticos, imperaba el influyentismo, a seudoperiodistas y a medios de comunicación. Nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y avanzando bastante bien… Hablamos de una megafarmacia y se desató un escándalo… Y se acabaron los privilegios de unos cuantos”, dijo el mandatario.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aportó más información sobre las prácticas pandilleras: cada año, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100 mil millones de pesos para adquirir medicamentos. En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, la compra integrada de varias instituciones federales y de los gobiernos estatales financiados por el Seguro Popular.

Lo que provocó esa megacompra fue una enorme concentración en pocos proveedores que al final tampoco eran laboratorios, sino empresas distribuidoras, principalmente. De 2012 a 2018 sólo 10 de ellas concentraron casi 80 por ciento del gasto público en medicamentos del país, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas. De éstas, sólo tres acapararon la mitad. Una sola, Grupo Fármacos Especializados (donde aparece Manlio Fabio Beltrones), se llevó 35 por ciento del total en el periodo de referencia, un monto de 106 mil millones de pesos.

Con ese grado de concentración, los laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. En 2018, 85 por ciento de las claves de los medicamentos que se compran recibieron solamente entre una y dos propuestas, es decir, el mercado se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al gobierno. Al concluir 2018, el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE.

Ahora, explicó Zoé Robledo, “en el proceso de compra bianual, porque la adquisición de todos los medicamentos fue para 2023 y 2024, se modificó completamente la forma a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS-Bienestar. La participación de los laboratorios fue mucho mayor: 334 empresas, y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país para adquirir 3 mil 817 millones de piezas de medicamentos. Entonces, se logró romper ese cuasimonopolio de los distribuidores.

Queda claro, pues, por qué la pandilla y sus jilgueros están rabiosos.

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Más vale tarde que nunca: México y Chile demandan a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Gaza y piden determinar si por ello se ha de acusar a una o varias personas. Ambas naciones se pronuncian a favor de una solución pacífica, abrir espacios para un cese el fuego inmediato y allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.

Twitter: @cafevega

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