La política de bienestar que ha privilegiado a los asalariados organizados del medio urbano no puede continuar. México no puede ser un país fuerte e independiente si mantiene a más de la mitad de la población en condiciones de marginación. En el diagnóstico que elaboramos en Coplamar, bajo mi dirección, y que se publicó en seis volúmenes en Siglo XXI editores en 1982 y un libro adicional publicado por Coplamar, habíamos percibido que la política social se centraba en ese grupo de asalariados urbanos organizados. Continúa así el texto:
“Se requiere una nueva estrategia de desarrollo cuya premisa fundamental sea la decisión política de satisfacer, en un plazo perentorio, las necesidades esenciales de toda la población. Esta estrategia tendría, al menos, un requisito de procedimiento y nueve orientaciones básicas. El requisito sería la implantación en el país de un método de planificación que, partiendo de las necesidades esenciales, determinara los requerimientos de bienes y servicios básicos y, a partir de ellos, definiera las metas de crecimiento de la producción, esto es que invirtiera el procedimiento usual. Las nueve orientaciones, se clasificaron en tres grupos: las que buscan reducir el costo monetario y/o de autoproducción (1 a 4), las que buscan aumentar los ingresos monetarios y/o la de autoproducción del 56 por ciento más pobre de los hogares del país (5 a 8), y una que persigue ambos cambios. Las enumero: 1) desmercantilización gradual de los satisfactores esenciales; 2) universalización de las transferencias públicas y mixtas, y ampliación de las privadas; 3) manejo discriminatorio de los subsidios en beneficio de los pobres; 4) reorientación de la estructura productiva a la producción de bienes y servicios esenciales; 5) generalización a toda la población asalariada del ingreso mínimo legal (salario mínimo, más prima vacacional, más aguinaldo); 6) elevación gradual del ingreso mínimo legal hasta hacerlo suficiente para adquirir la porción no desmercantilizada de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE, cuyo costo es igual a la línea de pobreza, LP); 7) aumento en los niveles de empleo asalariado; 8) apoyo a los productores mercantiles simples y a la capacidad de autoproducción de satisfactores esenciales; y 9) desarrollo del derecho social.
Abordo hoy el requisito de procedimiento y la última orientación. La planificación a partir de las necesidades esenciales (el requisito), partiría de la CNSE definida por Coplamar y la modificaría mediante un proceso amplio de consulta popular. Teniendo la CNSE modificada se elaboraría el diagnóstico en seis pasos: 1) cálculo del costo de la CNSE; 2) separación de su costo en tres componentes: costo monetario privado, costo de autoproducción y transferencias públicas; 3) comparación del costo monetario pertinente (la LP) con los ingresos para determinar los déficits o superávits para cada grupo; 4) comparación del costo de las transferencias públicas de la CNSE con los niveles de gasto público actuales en esos rubros y cálculo del déficit; 5) comparación de la estructura del gasto privado y del público normativos establecidos en la CNSE con las estructuras observadas de dichos gastos; 6) análisis detallado de los bienes y servicios subsidiados y de la distribución, por grupos de la población, del beneficio. Con estos elementos, dice el texto, “se tendría el diagnóstico básico y se podría precisar en qué medida y para qué grupos las transferencias actúan como mecanismos de compensación de la distribución del ingreso. Una vez concluido este diagnóstico se procedería a definir la imagen-objetivo (que se buscaría alcanzar en 20-25 años) en materia de satisfacción de necesidades esenciales. Ella especificaría no sólo el acceso universal a los satisfactores esenciales sino las condiciones de seguridad que hicieran permanente –cualesquiera fueran los riesgos ocurridos en el nivel familiar– dicho acceso. Se definirían también las características cualitativas de los satisfactores esenciales. Elemento esencial de la imagen-objetivo sería la definición de la tipología de acceso que prevalecería en el año final: se delimitarían los bienes y servicios para los cuales seguiría predominando la forma mercantil de acceso, aquellos para los que predominarían las transferencias públicas, etcétera. Por último, se procedería a un análisis de las condiciones de viabilidad de la imagen-objetivo y al trazo de trayectorias temporales de acercamiento. Concluyo esta descripción del texto de 1984 enumerando las tareas más generales que plantea sobre el desarrollo de los derechos sociales. Se requiere, concluimos en Coplamar, una reforma legislativa de gran envergadura, tanto en la CPEUM como en la legislación secundaria, que comprendería: a) reformas de los derechos sociales establecidos; b) desarrollo de nuevos derechos sociales; c) consolidación de los derechos sociales en un título de la constitución; d) desarrollo de disposiciones reglamentarias que den la base para la puesta en práctica de los derechos sociales; e) desarrollo de los derechos de clase. Sobre derechos sociales, se requiere: 1) aclarar en la CPEUM cuáles son las necesidades esenciales a las que toda persona o familia tiene derecho; 2) hacer explícitos los derechos a la alimentación y a la seguridad social; 3) establecer el derecho de toda familia a obtener un ingreso mínimo que le permita el acceso a los satisfactores esenciales; 4) incluir en la Constitución la obligación del Estado de proveer gratuitamente a todos los menores de una comida apropiada a la hora que asisten a la escuela; y de proveer complementos alimentarios adecuados a todas las mujeres embarazadas y lactantes y a los bebés menores de tres años. Continuaré en la próxima entrega con las ocho orientaciones que sólo enumeré hoy. Claudia Sheinbaum debe tomar muy en cuenta este planteamiento que cumple 42 años en 2024.
