Nueva York y Washington. Amenazas de muerte a funcionarios electorales, jueces y fiscales, así como complots para tomar por asalto capitolios y otros edificios gubernamentales, además de actos de intimidación como marchas de neonazis y otros ultraderechistas, se han vuelto parte del proceso político estadunidense después de que en la última eleccion se violó, por primera vez, el hasta entonces sagrado principio del traslado pacífico del poder.

En las últimas semanas, se han registrado amenazas de bomba contra dos jueces –en Nueva York y Washington– encargados de casos contra el precandidato presidencial Donald Trump, y también contra legislaturas; hubo evacuaciones de más de una docena de capitolios estatales. La semana pasada el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que esa serie de amenazas a funcionarios públicos tuvo un alza profundamente preocupante.

Estos incidentes, entre otros, son parte de una tendencia creciente que ha incluido, según Garland, amenazas de violencia contra aquellos que administran elecciones, aseguran viajes seguros, educan a nuestros hijos, reportan las noticias, representan a sus bases y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estas amenazas son inaceptables. Amenazan el tejido de nuestra democracia.

El deterioro del debate y proceso político cuya legitimidad se ha cuestionado, se ha acelerado desde la primera campaña y presidencia de Trump, lo cual culminó con el asalto violento del Capitolio federal en enero de 2021, en un intento de golpe de Estado para anular la elección que perdió Trump.

La violencia ya forma parte de la percepción popular de la disputa por este país, incluso si gana Trump, quien ha dejado claro que usará el poder presidencial para perseguir y vengarse de sus enemigos.

Una vez más, Trump y sus aliados están sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, sobre todo argumentando que los casos judiciales en su contra son parte de un complot del gobierno en manos de la izquierda radical para interferir e incluso descarrilar la elección y evitar su eventual triunfo.

Kris, enfermera jubilada, quien fue a un mitin del magnate, le cuenta a un reportero de The Atlantic, muy tranquilamente, que a Trump le robaron la elección de 2020. Le comentó: creo que detrás del escenario tal vez él está haciendo un poco más allá de lo que sabemos. ¿Cómo qué?, le pregunta el reportero, y ella le responde: en términos militares. Los militares supuestamente son para el pueblo, contra los gobiernos tiranos. Espero que él esté guiando a los militares a que puedan meterse y hacer lo que necesitan hacer. Porque por ahora, yo diría que el gobierno es muy tirano. Kris concluyó que si los demócratas intentan robarse la elección otra vez en 2024, los elementos militares pro Trump tal vez tendrían que tomar el control.

En reuniones, foros y encuestas, buena parte de los votantes estadunidenses con diversas simpatías políticas expresan preocupación por la posibilidad de violencia. Más aún, como fue el caso de un grupo de votantes convocados en Pensilvania, en un condado que será clave en la elección, expresaron dudas sobre si sus votos serán contados, la forma de reportar resultados y si éstos serán aceptados por los perdedores.

El pesimismo de estos participantes encapsula uno de los retos más urgentes en la política estadunidense ahora mismo, que es la pérdida de la confianza pública en la propia democracia y en la infraestructura electoral que la apoya, reporta Politico. Todos están de acuerdo en una cosa: que hay una muy buena probabilidad de que habrá violencia en la próxima elección, comentó el ex diputado Charlie Dent al resumir el sentir de estos votantes.

De hecho, la encuesta más reciente de Gallup a principios de enero registró que sólo 28 por ciento de los adultos estadunidenses están satisfechos con la manera en que funciona la democracia en su país, el nivel más bajo registrado desde que se hizo la pregunta por primera vez, en 1984.

Estoy muy preocupada de que haya una tragedia. Le creo a la gente cuando dice que nos quieren golpear o matar. No parece que sólo sean amenazas, comentó la juez de la Suprema Corte de Wisconsin Jill Karofsky al Washington Post.

Hoy, podrían ser advertencias. Mañana podría haber un bomba real que estalla o un atentado de asesinato con un rifle, alertó Robert Pape, profesor de la Universidad de Chicago que se especializa en amenazas y seguridad, en entrevista con The Guardian.

La abrumadora mayoría de los actos y amenazas de violencia política proviene de agrupaciones e individuos derechistas y/o fanáticos de Trump. De hecho, durante los últimos años, las agencias federales de seguridad pública siguen calificando a las agrupaciones extremistas domésticos violentos de derecha como la mayor amenaza interna contra la seguridad nacional.

El terrorismo doméstico golpea la fundación misma de la democracia y es una amenaza directa a los derechos civiles y libertades garantizados a todo estadunidense, declaró la Casa Blanca hace unos meses al actualizar la estrategia contra el terrorismo local que se presentó hace dos años y medio.

En los próximos meses, factores que podrían movilizar a individuos a cometer violencia incluyen sus percepciones del ciclo de la elección general de 2024 y las decisiones legislativas y judiciales que tienen que ver con actos sociopolíticos, advierte el Sistema Nacional de Aviso sobre Terrorismo del Departamento de Seguridad Interna. Agrega que entre posibles blancos de esta violencia se incluye a instituciones religiosas, aquellos ligados al movimiento LGBT, escuelas, minorías raciales y étnicas e instalaciones y funcionarios del gobierno. En sus evaluaciones de esta amenaza de extremistas domésticos violentos, el gobierno federal ha identificado a los supremacistas blancos como la amenaza principal.