Chilpancingo, Gro. Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado denunciaron que la dependencia se encuentra sumida en “la peor crisis financiera, de corrupción, nepotismo, autoritarismo y de colusión”.
Mediante un comunicado, los trabajadores aseguraron que “las investigaciones en el portal de la Auditoría Superior del Estado, las declaraciones de Asociaciones de profesionales, las pruebas recabadas a través de transparencia, y las denuncias de trabajadores del Poder Judicial del estado de Guerrero, han exhibido a esta administración como una de las peores desde que asumió como presidente el Magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez”.
Afirman que “se le ha cuestionado duramente el manejo de los recursos públicos; la contratación de decenas de personal, (compadres, amigos, recomendadas, familiares) sin sustento presupuestal y con salarios altos, ha hecho impagable la nómina, afectando a los trabajadores con retraso en el pago de sus quincenas, descuentos en su aguinaldo y otras prestaciones, que se deberían entregarse íntegras”.
Es mentira que el gobierno subsidie el ISR del aguinaldo “que afectó al personal mediante descuento a la primera parte del incentivo económico , y la segunda parte sigue sin pagarla, porque afirman que el gobierno del estado no ha entregado el recurso; también afectó a otras prestaciones como bono decembrino que también aplicó el ISR, que son un derecho fundamental e irrenunciable de ser entregados en tiempo y forma en un cien por ciento a los trabajadores”.
Los negocios familiares es otro duro cuestionamiento de abuso “ que tiene al interior y que administran sus compadres y hermano en el desvío de dinero, el pago de bonos a su círculo más cercano, y que debilitan las finanzas públicas de la institución, las dádivas económicas a un sindicato que han denunciado como vendido, como el último movimiento donde su “líder” Margarita Sánchez Azaba y aceptó que les dieran de incremento un 10% y no el 14% al salario como lo otorgó el ejecutivo”.
En una investigación encontramos que “en el portal de la Auditoría Superior del Estado, que al 31 de diciembre del 2022 existe un adeudo de más de 34 millones de pesos al ISSSPEG, del Poder Judicial por concepto de retenciones de las cuotas a los trabajadores que no aportaron a dicho organismo, y todavía falta considerar lo del año 2023 que ascendería a más de 60 millones pesos”.
Aseguran que “es un fraude que involucra al Presidente; al director General Antonio Sebastián Ortuño; al de Recursos Humanos, Soraya Benítez Radilla; y a la de Contabilidad, Erika Soraya Vélez e integrantes del Consejo de la Judicatura, que podría llevarlos a la cárcel, ya que nadie sabe dónde está el dinero”.
Denuncian que “el Fondo Auxiliar de Administración de la Justicia, es considerada la caja chica del presidente, de ahí otorga jugosos bonos a quienes callan; de ahí también se paga toda una serie de excesos y gastos superfluos de una vida que no corresponde a los tiempos de austeridad; la red de complicidades en el Fondo Auxiliar con la contadora Rosalinda Martínez Pastor es muy evidente”.
Otra queja del personal del TSJ “ es haberles quitado el beneficio del Fondo de Ahorro, a todo el personal oficial administrativo, otro duro golpe que Raymundo de manera abusiva, y sin dar ningún tipo de explicación los quitó de esquema”.
