La Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió “que se rompa el pacto de impunidad” en el asesinato de sus integrantes Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, el 17 de enero del 2019 en Amatán, Chiapas.

En conferencia de prensa, Jesús Gutiérrez, de la CNPA-MN, señaló que si bien hay seis personas imputadas por este caso, faltan por cumplir más órdenes de aprehensión, por lo que demandó a la fiscalía estatal avanzar en este asunto.

Además, pidió que el gobierno de Chiapas acepte la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 sobre las violaciones graves a las garantías fundamentales perpetradas durante “los conflictos sociales” que derivaron en la ejecución arbitraria de Jiménez Pablo y Gómez Álvarez, “con la tolerancia y/o aquiescencia de personas servidoras públicas” del estado y de Amatán.

“En el último tramo de exigencia para que se acate esta recomendación, la CNDH nos informó que turnó al Senado el caso para que el gobernador Rutilio Escandón sea citado, comparezca y explique su negativa de por qué no la acata”, dijo Gutiérrez.

Precisó que dicho instrumento de la comisión también fue dirigido a la Secretaría de Gobernación, al entonces fiscal general de justicia de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y a la presidenta de Amatán, Lilian Arias Méndez.

A cinco años de los hechos, manifestó, “exigimos justicia” y “a las instancias judiciales les exigimos la vigilancia ante juzgados para que realmente se actúe conforme a derecho, estamos ciertos que si eso sucede, las personas detenidas van a ser sentenciadas”.

Gutiérrez refirió que tras el asesinato de Jiménez Pablo y Gómez Álvarez, por un “grupo paramilitar”, sus familias han sufrido “hostigamiento y amenazas directas”, y en su momento -afirmó- “hubo ofertas económicas para que desistieran de la demanda”, pero persisten en su lucha.