El pasado 13 de diciembre terminó la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, y una de las grandes noticias (además del esperado acuerdo para triplicar la energía nuclear) fue el reconocimiento explícito de la justicia y la equidad en la transición energética mundial. El comunicado conjunto sobre los acuerdos alcanzados en la COP28 dice que la transición energética debe ser “justa, ordenada y equitativa” y que “cada país debe implementar mecanismos acordes con su nivel de desarrollo económico”. Esto, que podría parecer poca cosa, es la reivindicación de una lucha que lleva años. Es el reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países en su contribución a las emisiones de dióxido de carbono y al daño y deterioro ambiental. Estados Unidos y China son los mayores responsables históricos, al haber contribuido con 25 y 12.7 por ciento respectivamente. Los países de la Unión Europea son responsables de 22 por ciento de las emisiones totales. México es responsable de menos de 1 por ciento y toda África tan sólo de 2.73.
Pero, a todo esto, ¿qué es una transición energética justa y soberana? Debe entenderse que existe una disparidad en el uso de los recursos naturales. A nivel persona, 10 por ciento de las personas emanan 50 por ciento de las emisiones, mientras el 50 por ciento más pobre sólo 8 por ciento. Hacia el futuro, para 2035, tan sólo el 1 por ciento más rico de la población consumirá 72 por ciento del presupuesto de emisiones de dióxido de carbono disponible para mantener la temperatura debajo de 1.5 grados Celsius. Para 2036, las emisiones de ese 1 por ciento son mayores que las emanaciones “permitidas” para toda la humanidad bajo los escenarios de mitigación actuales. Lo mismo sucede a escala de países. Los escenarios de reducción de emisiones y Net Zero del IPCC estiman que, bajo las políticas de transición actuales, un ciudadano promedio de un país “desarrollado” consumirá entre ocho y 11 veces más combustibles fósiles que en la región de África subsahariana. Igualmente, las reducciones de emisiones en dicha región deben ser de entre 10 y 16 por ciento, mientras en el norte global, sólo deben ser de 5-6 por ciento. Así es, los escenarios del IPCC contemplan que África subsahariana, una de las regiones más pobres, menos desarrolladas, que lanza menos emisiones y que es responsable histórico de menos de 0.01 por ciento de las emanaciones, debe reducir más su nivel de exhalaciones actuales que el norte global. La prosperidad económica del norte global se alcanzó de la mano de las emisiones, y dada la responsabilidad histórica, hay países y sectores de la sociedad que deben priorizar su desarrollo y otros que deben acelerar y aumentar su contribución a la mitigación del cambio climático.
Esta responsabilidad histórica vuelve inentendible que los gobiernos de los países responsables, en especial los europeos, limiten la inversión en infraestructura energética en países africanos, cuando se trata de infraestructura destinada a consumo local, pero promueven y apoyan infraestructura cuando se trata de exportación a Europa. Concretamente, pienso en la negativa de otorgar financiamiento a proyectos de gasoductos para uso local en Senegal, Mozambique o Nigeria posterior a la COP26. Una vez iniciado el conflicto Rusia-Ucrania, Europa cambió su postura, otorgó financiamiento, pero únicamente, para proyectos de exportación a países de esa zona.
Esta lucha por la justicia en la transición energética justa ha encontrado eco en voces cada vez más poderosas. Como lo es la secretaria general de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, Rebeca Grynspan, quien, en una entrevista con el Financial Times (https://bit.ly/41YDa0b), dijo, y cito textualmente: “Los países ricos están usando la transición energética como excusa para impulsar sus economías, a expensas de los países en desarrollo”.
Todo esto viene ligado al reciente impulso a la capacidad industrial que EU y la UE quieren dar a sus economías a través de subsidios, ayudas, preferencias y demás a empresas “campeonas nacionales”. También por un lado promueven la producción y consumo de combustibles fósiles, y por el otro, inhiben el desarrollo de los países al no permitir que subsidien, ayuden y den preferencia a sus industrias locales y amenazan con sanciones si no se comprometen a “agresivas” metas de reducción de uso de combustibles fósiles, aunque esto signifique paralizar sus economías.
México debe entender su responsabilidad histórica y perseguir políticas de transición que privilegien el acceso y la reducción de la pobreza. Hay que acabar con la pobreza extrema y la pobreza energética de la mano de la fortaleza de las empresas estatales (que deben contar con todo el apoyo del Estado) “campeonas nacionales”. Se debe continuar subsidiando el consumo eléctrico a los estratos más pobres, o inclusive establecer un nivel de consumo de “mínimo vital” que garantice el acceso y una mejor calidad de vida, recordemos que el consumo de energía no es un fin, sino una herramienta para tener una mejor calidad de vida. A los sectores de grandes emisores, el 1 por ciento más rico, se les debe imponer gravámenes a sus emisiones para desincentivar actividades particularmente dañinas, como viajes en avión privado. En resumen, la transición energética debe ser justa o no será.
X: @aloyub
