El Ministerio Público de Nicaragua acusó a tres misioneros evangélicos estadunidenses y a 13 colaboradores nicaragüenses por supuestamente pertenecer a una “estructura delictiva” involucrada en lavado de dinero y giró orden de captura para los prófugos, según informó el miércoles la entidad gubernamental.

Los acusados son Jacob Britton Hancock, John Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, representantes de la iglesia estadunidense Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), clausurada por el gobierno de Nicaragua el mes pasado, tras el arresto de 11 de sus misioneros en el país centroamericano.

Según la nota de prensa de la Fiscalía, también se acusa a 11 misioneros nicaragüenses, así como al representante legal y la gerente financiera de la filial de la iglesia establecida en Nicaragua, al constar como representantes en la compra de inmuebles.

La entidad aseguró que se efectuó “una investigación pormenorizada” de las supuestas actividades ilícitas realizadas por los miembros de Puerta de la Montaña, antes de formular su acusación “en contra de la estructura delictiva integrada por los sujetos Jacob Britton Hancock John Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock”.

Los 13 misioneros nicaragüenses fueron acusados por el mismo delito de “lavado de dinero, bienes y activos”. El Ministerio Público no precisó si los estadounidenses están fuera del país, pero anunció que giró “órdenes judiciales de captura” para los acusados que se encuentren prófugos.

La iglesia Puerta de la Montaña negó en diciembre pasado haber cometido lavado de dinero junto a otro grupo evangélico denominado Sacudiendo las Naciones, como sostiene la policía de Nicaragua. “Puerta de la Montaña posee la documentación que demuestra que toda la financiación se ha gestionado adecuadamente”, aseguró.

Según la policía de Nicaragua, los 16 acusados junto a otro estadunidense, dueño de una compañía de aviación y de un grupo evangélico, identificado como Bruce Wagner, integraban “una red de lavado de dinero” que “tenía como fachada” a esas dos organizaciones cristianas para mover grandes sumas de dinero.

La policía asegura que Wagner, cuyo paradero se desconoce, habría transferido capitales a Nicaragua para “la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios”. Wagner y su organización no han respondido a las acusaciones.

De acuerdo con la versión oficial, Puerta de la Montaña y Sacudiendo Naciones trabajaban en zonas rurales de Nicaragua con el apoyo de campesinos a quienes luego nombraban “pastores evangélicos”. Su objetivo era “hacer creer” que ayudaban al pueblo “llevando la palabra de Dios”, pero se dedicaban “a adquirir vehículos, fincas, casas en residenciales y hacer negocios”, asegura la policía.

Tras la acusación oficial en diciembre, medios de prensa nicaragüenses divulgaron fotografías de varios religiosos estadounidenses posando junto a jefes de la policía de Nicaragua y de oficiales de esa institución participando en ceremonias religiosas junto a dirigentes evangélicos, imágenes que fueron publicadas en la página web de la entidad policial.

Puerta de la Montaña fue clausurada por el gobierno de Nicaragua en diciembre pasado.

Un reporte de la organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, divulgado también en diciembre, reveló que el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado o disuelto 342 organizaciones religiosas, de las cuales 256 eran asociaciones evangélicas, 43 católicas y otras 43 vinculadas a otras iglesias, como parte de las más de 3.500 ONG clausuradas en los últimos dos años.

El pasado fin de semana, el obispo católico Rolando Álvarez fue excarcelado, después de permanecer detenido 500 días, y desterrado en un avión que lo llevó al Vaticano junto a otros 18 religiosos que también guardaban prisión.

En una aparente alusión a la expulsión de los sacerdotes, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, dijo el martes que en en el país hay “paz” y “seguridad” porque “en esta Nicaragua el odio se ha desterrado”. Y agregó que “la maldad y la perversión están allá lejos, donde deben estar”.

Nicaragua vive una grave crisis política y social que se inició con protestas que estallaron en abril de 2018 y fueron violentamente reprimidas por la policía, con un saldo de 355 muertos, más de 2 mil heridos, miles de arrestados en diferentes momentos y cientos de miles de exiliados, según organizaciones humanitarias.