Comienza 2024 y da la impresión de que el caso Ayotzinapa está muy lejos de ver la luz al final del túnel. Peor aún, la posibilidad de esclarecer la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos parece estar hoy más lejos que hace unos meses.

El Ejército se niega a entregar 800 folios de reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la zona norte en Iguala. El centro es responsable de monitorear lo que sucede con la delincuencia organizada. La información que rechaza compartir está relacionada con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. También oculta una intervención telefónica que efectuó el Ejército a dos personajes claves, en la que se habla de 17 estudiantes que están siendo trasladados de la barandilla municipal de Iguala a un punto.

Cuando Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, era presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), admitió la existencia de estas fojas. No sólo eso. En una adenda señaló que él tenía 18 folios de los 800 e hizo públicos varios relacionados con el caso.

El asunto de los folios y la llamada fue puesto sobre la mesa por los padres de familia, sus abogados y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde septiembre de 2022. Sin embargo, los militares se niegan a entregar la información y objetan su existencia. En lugar de proporcionarla, se ha descalificado al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que asesora a los padres de familia y al GIEI.

Al Centro Prodh se le responsabiliza erróneamente de la sentencia del primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, en la que se dejó libres a algunos presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes, porque fueron detenidos ilegalmente y sus testimonios, base de la famosa “verdad histórica”, fueron arrancados mediante tortura.

Pero ni el Prodh ni los otros abogados de los padres de los desaparecidos tuvieron que ver con la liberación de esos presos. Fueron los detenidos, a través de sus abogados (incluido un defensor público federal), los que promovieron un amparo.

El tribunal de Reynosa, Tamaulipas, resolvió y dio un plazo para que practicara la prueba de Protocolo de Estambul, un dictamen médico sicológico que permite saber si habían sido torturados. Sin embargo, el gobierno no lo hizo y los acusados quedaron libres, ante la presunción de que la tortura estaba dada.

En su momento, los defensores de los padres advirtieron al gobierno (de Enrique Peña): “Practíquese el protocolo. Pongan en marcha los procedimientos legales correspondientes para evitar que estas personas obtengan su libertad”. Pero las autoridades no lo hicieron.

Esa sentencia es importante, además, porque no sólo aborda el tema de nulidad de las pruebas ilícitas arrancadas con torturas. En una de sus partes establece que, como la investigación está desaseada es ilegal, irregular, y no puede corregir por los mecanismos ordinarios. Para redireccionarla tiene que ponerse en marcha un mecanismo extraordinario. ¿Cuál? El tribunal establece que debe crearse una comisión especial de investigación con facultades penales, integrada por el Ministerio Público, los padres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el GIEI. Esa comisión que ordenó ese tribunal inspiró la creación de la actual Covaj, aunque ésta carece de las facultades que ordenaba el tribunal.

Por eso, los padres y sus defensores dieron la bienvenida a esa sentencia, aunque manifestando siempre su preocupación de que los detenidos fueran liberados. El gobierno tuvo los mecanismos para reunir nuevas pruebas, para rehacer el caso, para fortalecer investigaciones y volver a detener a esas personas. Pero, de manera dolosa, lo que hizo fue atacar la sentencia mediante recursos, en lugar de evitar que los presos obtuvieran su libertad.

Aunque lo adecuado con el inicio del año habría sido el organizar una reunión de los padres con el presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación comenzó a llamarlos para decirles que había un comunicado del jefe del Ejecutivo, informándoles que iban a abrir los archivos militares entre el 4 de enero y el 4 de marzo. Uno de los abogados le llamó al subsecretario de Gobernación para decirle que los padres acordaron que antes de ir a la revisión de los archivos militares era necesario reunirse para ver la metodología. El funcionario le dijo: “lo voy a ver y te aviso”. Pero nunca le avisó.

El 3 de enero, padres y sus abogados advirtieron a la Subsecretaría de Gobernación que el procedimiento seguido al intentar hacer a un lado a los representantes y tratar directo con los padres, era incorrecto, como si éstos no tuvieran derecho a una asesoría. Asimismo, se le señaló que la revisión exhaustiva de los archivos militares se hizo entre 2019 y 2021, y que lo pendiente eran los 800 folios no entregados.

Con la abierta intención de enfrentar a los padres, Gobernación los convocó el 11 de enero a otra reunión a la que también invitó a un grupo de tres o cuatro personas (todos hombres, sus ex esposas participan en el colectivo mayoritario) que han desempeñado un desafortunado papel en el caso, demandando la liberación del matrimonio Abarca, vinculados al cártel de Guerreros Unidos.

Detrás de este grupo está Pedro Segura, personaje con empresas en México y Estados Unidos, que tiene una línea de investigación en su contra: hay una carpeta de investigación abierta que refiere a 10 estudiantes que habrían sido llevados a su rancho ganadero en Teloloapan.

Ayotzinapa es una herida abierta que sólo sanará con verdad, justicia y reparación del daño. Retomar el rumbo de la investigación para conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos es esencial.

Twitter: @lhan55